El exalcalde de la Entidad Local Autónoma (ELA) de Encinarejo, que pertenece a Córdoba, Miguel Martínez Múrez (PA), acusado de un delito continuado de fraude, otro de falsedad en documento público y un delito de prevaricación administrativa en la contratación de obras, ha declarado este jueves ante el juez que el expediente por el que está procesado está "manipulado", después de que lo denunciara la oposición porque le tiene "resentimiento" tras ganarle "muchas elecciones".

Así lo ha manifestado el exregidor en el juicio de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba, que ha quedado visto para sentencia y en el que se enfrenta a penas que suman un total de seis años de prisión, 16 años de inhabilitación para empleo o cargo público y multa de 14.400 euros.

En las cuestiones previas, tanto el fiscal como la acusación han retirado los cargos para los dos representantes de las empresas a las que contrató el Ayuntamiento, procesados en este caso por la supuesta comisión de delitos de falsedad en documento público y fraude, hechos que "han prescrito", ante lo cual el juez ha absuelto a ambos y los ha incluido en la causa como testigos.

En concreto, el exalcalde ha explicado que la obra que se ejecutó era para construir un mirador panorámico, tras hacer obras en un depósito de agua de la zona, "que estaba rajado" y era un edificio "singular", aunque no catalogado, pero junto a él había un colegio, de ahí que defendiera la ejecución "inmediata" de la obra para "evitar que se cayera el depósito y matara a alguien".

Para ello, detalla que se solicitó una subvención a la Junta, de la que se concedió "una parte" y que "no cubría todo" para la actuación, al tiempo que se hizo una contratación de obra "exhaustiva", según ha destacado Múrez, quien resalta que la misma "cumplía con la Ley de Contratos", si bien se hizo por "trámite de urgencia", dado que "se podía caer el depósito".

El procedimiento fue "abierto", se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), pero se presentó una única empresa, con la que ha defendido que "no hay trato de favor", aunque "desafortunadamente" dicha empresa "vio la complejidad de la obra, se asustó y se fue", según ha relatado el exregidor, quien apunta que dicha empresa "renunció a cobrar porque no acabó y se retiró".

Posteriormente, agrega, "se trató de acabar la obra" con una segunda empresa, para lo cual buscaron, "pero ninguna se interesó", de manera que se hizo por "procedimiento negociado por adjudicación directa" al ser "un edificio singular", momento en el que una empresa que realizaba un trabajo similar en la capital se hizo cargo de la obra, que la terminó "en algunas fases, no la totalidad". "Nos hicieron sufrir, teníamos que haber rescindido el contrato", ha declarado Múrez, en relación al tiempo que tardaron en las mismas.

Factura "defectuosa"

Entretanto, ha defendido que una de las facturas que se recoge en el expediente no es suya, para lo cual indica que no está firmada ni por él, ni por el secretario, ni el interventor, de modo que "era defectuosa o algo", a lo que añade que él no indicó los conceptos de la factura y desconoce por qué aparece el sello de la Junta de Andalucía en ella.

Asimismo, ha señalado que él no emitió un fax a la segunda empresa con los conceptos de obra, al tiempo que ha relatado que le dejaba al secretario "folios en blanco firmados" por él para supuestamente "no paralizar" procesos cuando no se encontraba en el municipio. En definitiva, ha subrayado que dice "la verdad" y se ha declarado inocente.

Según recoge la calificación inicial del fiscal, en febrero del año 2000 el exalcalde solicitó una subvención para construir una obra municipal, cuya ejecución había sido adjudicada a una entidad de la que era representante legal uno de los que estaban acusados.

Al objeto de justificar la necesidad de la subvención descrita, Múrez supuestamente aportó con la solicitud de petición de subvención una factura expedida por la entidad por importe de 60.418,23 euros, en la que se incluyeron distintos conceptos, cuya relación supuestamente era "ficticia y nunca llegó a dispendiarse por parte de la entidad adjudicataria".

Cantidad "fraudulenta"

La elaboración de dicha factura, que fue aprobada por resolución dictada por el exregidor, fue emitida y confeccionada "de común acuerdo" entre los dos procesados, y "solo tuvo por objeto justificar la subvención aludida que fue concedida por la Delegación en Córdoba de la Consejería de Turismo y Deportes de la Junta en mayo del mismo año, por 41.481,86 euros". Una cantidad que supuestamente fue obtenida "de forma fraudulenta y que fue ingresada en las arcas de la entidad local".

Con posterioridad, la empresa en cuestión cesó en la ejecución de la obra, de manera que fue adjudicada a otra entidad, representada por el tercero que estaba acusado. Así, con fecha 2 de febrero de 2004, por parte de dicha entidad, se expide la primera certificación de obra por 51.302,79 euros.

Al respecto, el exalcalde "de común acuerdo" con este último acusado deciden sustituir de manera "ficticia" los conceptos a los que dicha certificación se referían y manifestar que el abono de 43.179,76 euros que habían de abonarse a cuenta de dicha certificación, y que fueron percibidos por la entidad citada en septiembre del mismo año, "lo eran para su aplicación en otra obra municipal diferente".

De este modo, supuestamente el fin era "justificar una nueva subvención", que en base a la factura así "alterada", que fue aprobada por resolución dictada por Múrez en septiembre de 2004 y presentada ante el órgano pertinente, "fue también indebidamente obtenida", con un importe de 26.057,51 euros, divididos en dos partidas de 19.543,13 y 6.514,37 euros, que fueron entregados por el mismo órgano autonómico que concedió la primera de las subvenciones referidas.

Además, dicha cantidad fue igualmente ingresada en las arcas de la entidad local en junio y diciembre de 2004, respectivamente, según señala el fiscal, que detalla que se da la circunstancia de que la segunda de las obras a las que se hace mención "ya había sido ejecutada con anterioridad por trabajadores del PER".

Aparte de ello, se ha determinado pericialmente, que las facturas presentadas al cobro por la segunda entidad, relacionadas con la construcción de la primera obra, "no coinciden con el concepto de éstas ni con el total presupuestado, por lo que no se corresponden con la realidad", advierte el fiscal.

"duplica la inversión"

Por otra parte, detalla que en la segunda adjudicación de la obra "no se aportaron al expediente administrativo correspondiente los preceptivos informes técnicos y jurídicos, ni se constituyó mesa alguna de contratación, se realizó sin publicidad, por un presupuesto inicial de 126.212,54 euros, muy superior al correspondiente al de la primera adjudicación, hasta el punto que duplica la primera inversión aprobada de 59.259,79 euros", según ha precisado el Ministerio Público.

En este sentido, destaca que la adjudicación citada se realiza, según informe pericial, "con inobservancia de las elementales normas del procedimiento reglamentario de contratación, con ausencia de expediente de contratación, en contra de lo dispuesto en la Ley de Contratos de Administraciones Públicas y del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas", todo ello "con el exclusivo fin de beneficiar directamente a la segunda entidad adjudicataria, y conseguir se aviniera a expedir la documentación torticera a la que antes se aludió".

Asimismo, el fiscal apunta que no ha quedado acreditado hasta el momento que el oficial mayor en funciones entonces de secretaría e intervención, haya tenido intervención directa en las operaciones "falsarias y fraudulentas" mencionadas.

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