El jefe de la asesoría jurídica de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Lamela, se ha acogido este jueves a su derecho constitucional a no declarar ante la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, según han informado a Europa Press fuentes del caso.

Ni la Fiscalía Anticorrupción ni el resto de acusaciones ha solicitado medida cautelar alguna para Lamela, a quien la magistrada Mercedes Alaya ha imputado por la ayuda de 5.026.425,51 euros concedida el 17 de noviembre de 2011 a Astilleros de Huelva.

Hay que destacar que una veintena de letrados de la asesoría jurídica de la Junta de Andalucía han acudido al juzgado para expresar su apoyo a su compañero y han defendido la "absoluta" legalidad de su actuación y su "honorabilidad".

La juez también ha citado este jueves a otros nueve imputados en la causa, como son cuatro 'intrusos' del ERE de 2001 de Hitemasa; al gerente y al administrador de hecho y apoderado de Samec, y a tres responsables de Primayor.

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