Manos Limpias recusa por falta de imparcialidad a dos de los magistrados que decidirán sobre la Infanta

El sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular en el caso Nóos, ha presentado este jueves un escrito de recusación contra dos de los magistrados de la Audiencia Provincial de Baleares que deberán pronunciarse sobre el futuro procesal de la Infanta Cristina, al apuntar a la falta de imparcialidad que podría afectar a su decisión, y en él solicitan que ambos sean apartados y sustituidos por otros dos que por turno corresponda.

El sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular en el caso Nóos, ha presentado este jueves un escrito de recusación contra dos de los magistrados de la Audiencia Provincial de Baleares que deberán pronunciarse sobre el futuro procesal de la Infanta Cristina, al apuntar a la falta de imparcialidad que podría afectar a su decisión, y en él solicitan que ambos sean apartados y sustituidos por otros dos que por turno corresponda.

En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la letrada de la entidad sindical, Virginia López Negrete, centra su petición en el presidente de la Sección Segunda, Diego Gómez-Reino -quien además será ponente en la resolución sobre el archivo o mantenimiento de la imputación de la Duquesa de Palma- y la magistrada Mónica de la Serna, quienes por medio de un "polémico" auto ya acordaron sobreseer en mayo de 2013 el encausamiento de la hermana del Rey Felipe VI.

La abogada apela en este contexto a la "pulcritud en la imparcialidad" que debe imperar en los magistrados, lo que, a su juicio, no se produciría en el caso de Gómez Reino y De la Serna, "habiéndose ya empleado e implicado" en el archivo de la imputación de la Infanta "con todo el revuelo mediático y jurídico que tal resolución supuso".

"Justamente ellos son los magistrados que nunca debieran decidir, nuevamente, sobre tan importante recurso de apelación de la Infanta doña Cristina", recalca el sindicato, incidiendo en que su intervención sería "totalmente inadmisible" y no se entendería que "unos magistrados que claramente ya han demostrado su presunta objetiva parcialidad y sobre los que existe una objetiva sospecha sigan siendo los encargados de resolver el importantísimo recurso que afecta a la responsabilidad de la Infanta".

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