La práctica totalidad de la excorporación local de Arboleas (Almería) será enjuiciada en noviembre en la Audiencia Provincial por maniobrar presuntamente para sacar a subasta pública dos solares clasificados como espacios libres que el entonces concejal socialista Antonio Jesús García, quien más tarde accedería a la Alcaldía, quería adquirir para unirlos a la parcela colindante y en la que se levanta la vivienda en la que reside.

Tras ejecutarse la subasta, García, actualmente portavoz del grupo municipal del PSOE en el plenario arboleño, construyó una piscina de tres por tres metros cuadrados, un trastero de siete metros cuadrados y un muro de bloques con una licencia de obras que se aprobó en junta de gobierno "sin los preceptivos informes técnicos y jurídicos previos".

Así se recoge en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que tuvo acceso Europa Press, y en el que interesa para todos los acusados penas de nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público por un presunto delito de prevaricación.

El exsecretario municipal Fernando García y dos de los ediles en el anterior equipo de gobierno se enfrentan, sin embargo, a penas de prisión también. En concreto, al exprimer teniente de Alcalde Ginés García y al segundo, Antonio Jesús Gallego, se les imputa también un delito de prevaricación urbanística como integrantes de la junta de gobierno que dio luz verde a la licencia y por el que el Ministerio Público pide 21 meses de cárcel.

En el caso de Fernando García, el fiscal le acusa de haber faltado "deliberadamente a la verdad" al dar fe de que los solares "tenían carácter patrimonial, sin destino específico" y solicita que le sean impuestos cuatro años y tres meses de prisión y una multa de 12 meses a razón de 50 euros al día, además de inhabilitación especial por cinco años.

Según indica el Ministerio Público en su escrito, Ángel Jesús García, entonces teniente de Alcalde aunque luego accedió a la Alcaldía por el fallecimiento de su predecesor, decidió en 2004 que "deseaba" adquirir dos solares ubicados entre las calles Las Flores y Barranco de Arboleas y colindantes a una parcela de su propiedad, en la que residía.

Su intención era "construir una piscina, y una caseta, así como amurallar la nueva propiedad" pese a que conocía la que las parcelas tenían la condición legal de sistema de espacios libres, "siendo por tanto inalienables". Ante esto, según remarca la acusación, "hizo valer su condición política en el Ayuntamiento y consiguió que se pusiera en marcha un expediente para que los solares saliesen a subasta pública".

En ese momento habría actuado presuntamente el entonces secretario en funciones en el Ayuntamiento, quien era "consciente de que los bienes reservados como espacios públicos son de dominio y uso público" y de que era necesario "un expediente de alteración jurídica para declararlos patrimoniales y poderlos trasmitir".

Pese a esto, según afirma la Fiscalía, Fernando García habría "faltado deliberadamente a la verdad" cuando el 17 de septiembre de 2004 "dio fe de que había consultado el libro del Inventario de Bienes del Ayuntamiento de Arboleas y que en el mismo constaban los solares con carácter patrimonial, sin destino específico".

"favorecer a su compañero"

El expediente, que contó con informes de la Diputación Provincial en los que se advertía de la condición legal de las parcelas, se aprobó por unanimidad del pleno con los votos de los ediles del PSOE y el PSA Antonio Jesús Gallego, Ginés García, Cristóbal Muñoz, Domingo Gómez, Antonio Mellado, Juana Alarcón y Antonio Galera, además del propio Ángel Jesús García "a pesar de la incompatibilidad que le generaba el interés particular por adquirir los solares".

La Fiscalía considera que "todos" los integrantes del pleno conocían que, "en realidad", los solares eran bienes de dominio público "que no se podían transmitir" y que "todos" actuaron "con la finalidad de favorecer a su compañero de corporación, el entonces teniente de Alcalde".

Las obras, que culminaron en 2005, se ejecutaron con licencia de obras concedida en junta de gobierno "sin que se recabaran" presuntamente los preceptivos informes jurídicos y técnicos y "omitiéndose deliberadamente las garantías establecidas para el expediente administrativo". Su aprobación, según añade el Ministerio Público, se habría hecho sabiendo los asistentes "de su irregularidad".

La vista oral por presuntos delitos de falsedad cometida por autoridad o funcionario público, prevaricación, prevaricación urbanística y negociaciones prohibidas a funcionarios, está señalada para los días 11, 12 y 13 de noviembre en la Sección Primera de la Audiencia Provincial.

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