Todos los grupos de las Juntas Generales de Álava, salvo el PP, que ha votado en contra, han expresado su "desacuerdo" con las declaraciones del alcalde de Vitoria, Javier Maroto, y el diputado general de Álava, Javier de Andrés, sobre los supuestos abusos que las personas de origen magrebí o nigeriano harían de las ayudas sociales, al considerar que este tipo de mensajes "estigmatizan" a estos colectivos y generan "crispación social".

La resolución ha sido aprobada por el pleno de las Juntas, que ha debatido este miércoles acerca de este asunto, a propuesta de EH Bildu. Finalmente, este grupo ha consensuado un texto con el PNV, el PSE-EE y EB, que ha salido adelante con el apoyo de todas las formaciones del Parlamento foral, salvo el PP, que ha votado en contra.

A través de esta resolución, las Juntas han expresado su "respeto absoluto de los derechos de las personas inmigrantes, sea cual sea su lugar de origen, etnia, credo, ideología o situación económica". Además, se han comprometido a combatir "la xenofobia y el racismo", así como a actuar para "erradicar dichos comportamientos en la sociedad".

Las juntas, además, se comprometen a no aprobar norma foral alguna que sea discriminatoria por razón de origen y/o raza, así como a iniciar cuantas acciones sean necesarias "para perseguir, denunciar y erradicar todo tipo de comentario u acción encaminada a estigmatizar a un colectivo en razón a su origen y/o raza". La Cámara foral actuará "con especial celo" cuando estos comportamientos procedan "de algún representante institucional".

"RESPONSABILIDAD"

Las Juntas Generales de Álava han expresado su "desacuerdo" ante "determinadas declaraciones y actuaciones que en torno al fraude en ayudas sociales han realizado de manera genérica contra ciudadanos de origen magrebí y nigerianos (...) tanto el alcalde de Vitoria, como el diputado general de Álava, ya que pueden originar crispación social". Las Juntas destacan que "como responsables públicos", a ambos "les cabe la responsabilidad de procurar la convivencia social y ciudadana".

Las Juntas, además, han instado a la Diputación Foral de Álava, al Ayuntamiento de Vitoria y al Gobierno vasco, a realizar de manera coordinada, "un exhaustivo y continuado seguimiento de las ayudas sociales". También han reclamado a estas instituciones que mejoren sus sistemas de control, "a fin de prevenir situaciones de fraude".

La portavoz foral del PP, Ana Morales, ha acusado a la oposición de querer "silenciar" el fraude "abultadísimo" que, a su juicio, existe en la Renta de Garantía de Ingresos.