Según el proyecto de convenio aprobado ya por el pleno, la parcela, de 26.177 metros cuadrados, sería dividida entre 15.585 metros cuadrados que quedarían en manos del Ayuntamiento a modo de espacios libres de dominio público y el Consistorio contaría con el edificio principal de la fábrica y la capilla que usa la hermandad de las Cigarreras. 'Altadis', de su lado, contaría con 8.176 metros cuadrados divididos en dos parcelas con una edificabilidad máxima de 8.000 y 23.000 metros cuadrados cada una de ellas. Mientras el Ayuntamiento prevé destinar a equipamientos públicos su parte de los terrenos, 'Altadis' espera vender su parte para su aprovechamiento en materia de usos terciarios.

Dado que el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) cataloga la finca como suelo industrial singular, toda la operación requiere obviamente una modificación del Plan General de Ordenación Urbana, pues los terrenos a entregar al Ayuntamiento deben ser declarados Suelo de Interés Publico y Social (SIPS) y el resto debe ser calificado como espacios de uso terciario.

Mientras el Gobierno municipal prevé aprobar el texto definitivo del convenio en el pleno ordinario del próximo viernes, los líderes de PSOE, IU-CA, CCOO, UGT, Equo, Ecologistas en Acción y de colectivos conservacionistas como Ben Baso, han reclamado al alcalde, Juan Ignacio Zoido (PP), que retire del orden del día del pleno el convenio urbanístico. Según consideran, el convenio "no determina qué es lo que se piensa hacer" en los suelos y tanto "margen" permite "que aquí se haga lo que le de la gana" al sector privado, en referencia a un posible "pelotazo" urbanístico.

Maximiliano Vílchez, de su lado, ha pedido a la oposición que "sea responsable y apoye el proyecto, porque supone un beneficio para los sevillanos". "Tanto la oposición municipal, como la Junta de Andalucía, se dedican a bloquear proyectos importantes para la ciudad y que han de salir adelante para que Sevilla pueda avanzar. Ya es hora de apoyar los intereses de los ciudadanos en lugar de la de los partidistas", lamenta.

Según Vílchez "la oposición trata de confundir a la opinión pública, ya que ni mucho menos se desoye o evita el proceso participativo en la elaboración del planeamiento urbanístico. Lo que sucede es simple y llanamente que la gran mayoría de alegaciones presentadas versan sobre cuestiones relativas a la ordenación urbanística y por tanto deberán ser formuladas en el momento procedimental correspondiente, que no es otro, que el de la redacción del planeamiento que desarrolle estos parámetros generales (Innovación del Plan General y Plan Especial de Reforma Interior)".

En este sentido, el delegado de Urbanismo ha defendido que "la propuesta gráfica que acompaña al convenio, así como la distribución de usos y edificabilidades y demás determinaciones y consideraciones de ordenación y desarrollo de una posible intervención, tienen carácter no vinculante". Por ello, en la redacción que actualmente está llevando a cabo la Gerencia de Urbanismo del documento de Innovación de Plan General, "ya se están teniendo en cuenta las aportaciones realizadas por los distintos colectivos interesados en este procedimiento".

Por otra parte, "ninguna de las alegaciones presentadas va en contra del objetivo primigenio de este convenio, que no es otro que la necesidad de acometer una intervención urbanística para la reordenación de los suelos que ocupa la antigua Fábrica de Tabacos de Sevilla", dice Vílchez, según el cual "lo que se critica o cuestiona no es la necesidad de intervenir en este ámbito, sino cómo se pretende intervenir desde la propuesta del convenio, es decir se alega contra decisiones o determinaciones que deberán concretarse y precisarse en los correspondientes documentos de planeamiento, los cuales tendrán sus correspondientes procesos de exposición pública y alegaciones".

En definitiva, Vílchez ha insistido en que "ninguna de las alegaciones cuestiona la necesidad de intervenir en estos suelos, ninguna cuestiona la necesidad de cambiar de calificación desfasada de industria singular tabaquera, y ninguna ha aportado documentación que pueda albergar dudas de legalidad respecto a los parámetros globales que se pactan en el citado Convenio".