PSOE, IU, CCOO, UGT y Ecologistas piden a Zoido que retire el convenio de Altadis por su posible "ilegalidad"

Avisan de que el convenio se rinde a los "intereses privados" porque permite que en la parcela "se haga lo que le de la gana" a la empresa
Rueda de prensa a las puertas de Altadis.
Rueda de prensa a las puertas de Altadis.
EUROPA PRESS
Rueda de prensa a las puertas de Altadis.

El acceso principal a la antigua planta de la multinacional tabaquera 'Altadis', que se alza en desuso en Los Remedios después de que la empresa deslocalizase su producción hace ya años, ha sido este miércoles el escenario de un acto celebrado por las fuerzas oposición del Ayuntamiento de Sevilla, CCOO, UGT, Equo, Ecologistas en Acción y colectivos conservacionistas como Ben Baso, para reclamar al alcalde, Juan Ignacio Zoido (PP), que retire del orden del día del próximo pleno el convenio urbanístico relativo a la reordenación de los suelos de la fábrica.

Según el proyecto de convenio aprobado ya por el pleno, la parcela, de 26.177 metros cuadrados, sería dividida entre 15.585 metros cuadrados que quedarían en manos del Ayuntamiento a modo de espacios libres de dominio público y el Consistorio contaría con el edificio principal de la fábrica y la capilla que usa la hermandad de las Cigarreras. 'Altadis', de su lado, contaría con 8.176 metros cuadrados divididos en dos parcelas con una edificabilidad máxima de 8.000 y 23.000 metros cuadrados cada una de ellas. Mientras el Ayuntamiento prevé destinar a equipamientos públicos su parte de los terrenos, 'Altadis' espera vender su parte para su aprovechamiento en materia de usos terciarios.

Dado que el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) cataloga la finca como suelo industrial singular, toda la operación requiere obviamente una modificación del Plan General de Ordenación Urbana, pues los terrenos a entregar al Ayuntamiento deben ser declarados Suelo de Interés Publico y Social (SIPS) y el resto debe ser calificado como espacios de uso terciario.

Pendientes del pgou

Los términos de la operación urbanística han generado no poco debate, pues la recalificación posibilitaría la creación de una superficie comercial más en la ciudad y el reparto de la edificabilidad permitiría construir una torre sobre los actuales jardines de Manuel Ferrand.

En un escenario en el que el Gobierno municipal del PP pretendería elevar al pleno ordinario del próximo viernes el documento del convenio definitivo a firmar con la multinacional, a las puertas de la antigua fábrica se han reunido este miércoles los portavoces municipales de PSOE e IU-CA, Juan Espadas y José Manuel García, respectivamente; el secretario general de UGT-Sevilla, Juan Bautista Ginés; el secretario de Política Institucional de CCOO-Sevilla, Miguel Ángel Santos; el vicepresidente del consejo español del Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial, Julián Sobrino; y Laura Soler en representación de Ecologistas en Acción.

Todos ellos, apoyados por otros colectivos y organizaciones como Equo, la asociación cultural Ben Baso o la asociación de vecinos Guadalquivir-Los Remedios, avisan de que el texto del convenio definitivo sufre "importantes deficiencias", principalmente porque "no se determina qué es lo que se piensa hacer aquí" y "el margen es muy abierto para que aquí se haga lo que le de la gana" al sector privado, según Juan Espadas y Juan Bautista Ginés, respectivamente.

"Es una hipoteca para el futuro de la ciudad", dice Juan Espadas, quien teme "un pelotazo" urbanístico, aspecto que comparte José Manuel García a la hora de avisar de que el texto se ciñe simplemente "a los intereses privados" para poner a su servicio, y no al de la ciudad, una localización "privilegiada" de Sevilla. El representante de CCOO, de su lado, sospecha que tras esta operación urbanística resida la mera intención de crear "otro centro comercial", reclamando una visión encaminada hacia sectores económicos de proyección y empleo de calidad.

Desestimadas todas las alegaciones

Laura Soler, como portavoz de Ecologistas en Acción, ha criticado que el Ayuntamiento no haya respondido aún oficialmente a las alegaciones del colectivo, lamentando que haya sido mediante los grupos de oposición como se ha conocido que "todas las alegaciones" al proyecto de convenio inicial han sido desestimadas. Mientras el Gobierno municipal defiende que las alegaciones no cuestionaban el corazón de la operación, Soler ha aseverado que sus alegaciones estaban "absolutamente argumentadas y no eran ninguna superficialidad".

José Manuel García, en ese sentido, ha asegurado igualmente que las alegaciones, todas ellas desestimadas, cuestionaban seriamente "la forma, el fondo y el contenido" de la operación. Todos ellos, así, han avisado de la posible "ilegalidad" del convenio y de un "falso proceso de participación", reclamando al alcalde que lo retire del orden del día del pleno ordinario del viernes para dar lugar a un nuevo texto sustentado en "la participación ciudadana, el desarrollo conciliable con los intereses privados, la preservación patrimonial y la regeneración medioambiental".

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