La jueza Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha impuesto fianzas de responsabilidad civil por valor de 40,3 millones de euros a un total de 24 imputados en la causa, siendo la más alta la fianza de 10,7 millones fijada para el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez.
Destacan igualmente las fianzas civiles de 4.070.633,08 y 482.790 euros fijadas para el exconsejero de Innovación Martín Soler y el presidente de Unicaja, Braulio Medel, respectivamente.
En un auto dictado este pasado lunes, la jueza Mercedes Alaya impone también fianzas civiles de 3.466.666,67 euros al exinterventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez; de 2.553.600 euros al expresidente de El Monte José María Bueno Lidón; de 1.607.970 euros al exjefe del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía Francisco del Río, o de 212.800 euros a Felipe Romera, presidente de la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía.
3.000 millones en fianzas
El caso de los ERE acumula ya fianzas que rozan los 3.000 millones de euros, impuestas a un total de 130 imputados. La más alta es la del exconsejero de Empleo Antonio Fernández (también imputado en el presunto fraude de los cursos de formación), que asciende a 807 millones de euros. La más baja es la del exdirectivo de Vitalia, Eduardo Pascual, que ha sido el último de los imputados en salir de prisión tras abonar 6.000 euros (fianza que fue rebajada en numerosas ocasiones).
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