La juez Mercedes Alaya ha dado un plazo de diez días a la Intervención General de la Junta de Andalucía para que, a través de la Guardia Civil, entregue los informes que haya realizado desde el año 2002 en adelante "para el programa 32D o cualquier otro programa presupuestario relativos a los cursos de formación", todo ello dentro de una investigación en la que hasta el momento están imputados los exconsejeros Antonio Fernández y Ángel Ojeda.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada ordena a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que "investigue las funciones que ha desarrollado la Intervención General de la Junta en las subvenciones otorgadas en concurrencia competitiva mediante bases y convocatorias, en las de concesión directa y en el control financiero periódico de tales subvenciones a la formación".
Por ello, reclama a la Intervención General de la Junta para que, a través de la Guardia Civil, aporte los informes previos sobre bases reguladoras y orden de convocatoria, los informes previos a los acuerdos de Gobierno autorizando en su caso las resoluciones de concesión directa y los informes sobre control financiero periódico, así como los informes de conformidad o disconformidad".
Asimismo, la magistrada cita a declarar como testigo el próximo día 9 de octubre a Teodoro Montes, jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta, a fin de que ratifique la declaración prestada ante la Guardia Civil, ante quien aseguró que la Administración andaluza había adjudicado dinero de la formación de forma "arbitraria" a sindicatos, empresarios y fundaciones y que no había habido un control de estos fondos.
Comentarios
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que 20minutos.es restringirá la posibilidad de dejar comentarios