El PSOE propondrá al Gobierno de Cantabria que cierre acuerdos con los afectados por sentencias de derribo en la región sobre el valor de las viviendas, para garantizar así "al menos" su patrimonio ante el "futuro incierto" en que se encuentran los afectados.

Así se recoge en una proposición no de ley que el Grupo Socialista ha registrado en el Parlamento para debatir en el Pleno, en una fecha aún por determinar, y que obedece a que, hasta ahora, se han incumplido "todos" los compromisos y plazos del Plan de Derribos del Ejecutivo, que se orienta a "convertir en legal o ilegal".

Lo ha dicho el diputado del PSOE Miguel Ángel Palacio, este martes en una rueda de prensa en la que ha presentado la iniciativa de su partido para que la Cámara inste al Gobierno del PP a realizar, en el plazo más breve posible y antes de que acabe la presente legislatura, las gestiones oportunas para cerrar un acuerdo con los afectados y garantizar su patrimonio.

El parlamentario ha justificado esta propuesta en decisiones como el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) contra la ley regional de autorizaciones provisionales, que los socialistas no apoyaron porque tenían "sospechas fundadas" de que "por ese camino no íbamos a ningún lado".

Y aunque el Ejecutivo confía en paralizar la ejecución de sentencias y que se vayan aprobando planes urbanísticos de los municipios mientras el Tribunal Constitucional revisa el recurso, Palacio ha insistido que con estos planeamientos también se pretende convertir en legal lo que las sentencias han declarado ilegal.

Ha recordado en este sentido la anulación, por parte de la misma Sala del TSJC, la medida "más sencilla" del plan de derribos: un estudio detalle para legalizar cuatro viviendas en Argoños, en la urbanización Camino del Portillo, resolución que además "pone en cuestión" toda la estrategia del Ejecutivo en este proceso, que "pretende convertir en legal lo que es ilegal", ha insistido el diputado del PSOE.

"fernández lleva todas las de perder"

En su opinión, el consejero de Medio Ambiente, Javier Fernández, "lleva todas las de perder", del que también ha cuestionado sus "conocimientos jurídicos", toda vez que "no garantizan", ha dicho, la seguridad jurídica de las decisiones que está tomando el Gobierno en torno a este proceso.

Después de señalar que el también titular de Ordenación del Territorio y Urbanismo prometió, en los años 2012, 2013 y 2014, que la solución al problema de los derribos era "cuestión de meses", Palacio cree que Fernández "lo único que puede garantizar es pleitos y más pleitos", en torno a las licencias de las viviendas, las autorizaciones provisionales, las revisiones de los planes urbanísticos o las reclamaciones patrimoniales.

Con todo ello, se están "incumpliendo" los plazos marcados para los ayuntamientos implicados, como Argoños, Miengo o Piélagos, aprueben sus planes de ordenación urbana, algunos de ellos ni siquiera inicialmente, por lo que conceder autorizaciones provisionales a las viviendas de estos ayuntamientos es "una temeridad" y algo que "no va a ir muy lejos".

A todo lo anterior se suma la actitud "cicatera" de los tribunales a la hora de valorar el patrimonio de las familias, y el hecho de que en el PP ahora no quieran "saber nada" de la promesa que hicieron de anticipar el valor de las viviendas a todos los propietarios afectados.

Por todo lo expuesto, y ante la "tranquilidad" del consejero —al que ha comparado con el director del orquesta del Titanica, cuando se hundía el barco y pedía "tranquilidad"— y teniendo en cuenta también que en la próxima legislatura habrá "otro" gobierno y "nuevos" alcaldes y concejales en los ayuntamientos, Palacio ve conveniente tomar alguna decisión para proteger el valor de las viviendas y garantizar "al menos" el patrimonio de los afectados.