El Gobierno de Cantabria aprobará antes de que finalice este año el primer Plan de Acción para la Inclusión Social de la Comunidad Autónoma, que destinará al menos 900 millones de euros en cuatro años para reducir en 20.000 el número de personas en situación de pobreza o en riesgo de exclusión social.

Así lo ha anunciado en el Pleno del Parlamento la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, María José Sáenz de Buruaga, quien ha respondido a una batería de preguntas de la diputada regionalista Rosa Valdés acerca de este Plan, que contará con cuatro líneas estratégicas (dos de ellas destinadas a garantizar la prestación de servicios básicos), estructuradas en 48 objetivos estratégicos y 237 actuaciones.

Sáenz de Buruaga ha detallado que el Plan, el "primero" de estas características en Cantabria, será aprobado antes de que acabe el presente ejercicio por el Consejo de Gobierno, ya que no es un documento de la Consejería de Sanidad, sino que abarca a toda la acción del Ejecutivo y se orienta a coordinar los esfuerzos de los distintos departamentos en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

De este modo, el Plan no implica poner en marcha nuevas políticas o crear nuevos recursos, sino que es un instrumento "integrador" con el que se pretende "alinear" lo que ya se viene haciendo en este ámbito, para "multiplicar" la eficiencia y obtener "mejores" resultados.

El documento está además coordinado y alienado con el que existe en el ámbito nacional y también con la Estrategia Europea 2020. "Será mucho más que un informe", ha asegurado la titular de Sanidad.

Después de recordar que el borrador del documento fue presentado el pasado julio al Consejo Asesor de Servicios Sociales, para garantizar así la participación de las entidades locales, la consejera ha apuntado que el el plazo para presentar alegaciones y propuestas de mejora finaliza el próximo 30 de septiembre.

La también vicepresidenta autonómica ha indicado asimismo que el borrador ya se ha remitido a la Cámara, aunque no habrá debate parlamentario en torno a él, toda vez que tanto PSOE como PRC no consideraron "oportuno" el documento y "trajeron su ley". Así, cree que carecen de "autoridad moral y política" para exigir el documento y que no deberían solicitarlo, ha opinado, "por vergüenza torera".

Al hilo de esto último, ha reprochado a regionalistas y socialistas que fueran "incapaces" durante su gobierno de poner en marcha un documento de similares características, más cuando en la etapa del bipartito PRC-PSOE las tasas de pobreza y riesgo de exclusión se elevaron por encima del 18% y 23%, según ha cifrado. "No hicieron nada" en la materia, les ha recriminado la dirigente 'popular' antes de apuntar que el actual Gobierno ha "invertido" esa tendencia.

Sin embargo, la portavoz regionalista cree que el Plan, que nace "condenado al fracaso", ha sido promovido por el PP para "paliar" la "fractura social" que los 'populares', ha dicho, están "causando y agudizando". Además, Rosa Valdés ha defendido que, como diputada, tiene derecho a conocer el borrador, igual que las organizaciones sociales.

Caricaturizar la labor del gobierno

Por otro lado, el diputado del PP Luis Carlos Albalá ha pedido a la oposición PRC-PSOE que no "caricaturicen" la gestión del Gobierno 'popular'.

Lo ha dicho durante el debate en el Pleno del Parlamento de una iniciativa para iniciar ayudas que fomenten los vehículos eléctricos defendida por los regionalistas, que han criticado, a través de su portavoz Rafael Pérez Tezanos, la escasa labor del Ejecutivo en este ámbito, en tanto que los socialistas, por medio del diputado Miguel Ángel Palacio, se han referido a las "dos bicicletas" eléctricas adquiridas por esta administración regional.

El 'popular' Luis Carlos Albalá les ha pedido que no se "caricaturice" la labor del Gobierno y ha censurado críticas alusivas a escaso trabajo porque, en ese caso, él tendría que pensar, por ejemplo, que el expresidente y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, "trabaja 5 minutos al mes", en concreto cuando hace pregunta al jefe del Ejecutivo en el primer pleno de cada mes.

Además, durante el debate de la iniciativa, que ha sido rechazada por el PP, el portavoz del Grupo que apoya al Ejecutivo ha señalado que el Gobierno podría haber comprado no "dos bicicletas" sino "una flota" de vehículos y renovarlos "hasta cada dos años" pero socialistas y regionalistas "dejaron tan vacías las arcas que no ha sido posible".