El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha asegurado que el embargo de las "herriko tabernas" vinculadas a Batasuna decretado el 29 de abril de 2002 "sigue vigente en su integridad" y que nadie ha violado el precinto de estos establecimientos durante este tiempo.

En una nota de prensa, el magistrado desmiente así a las informaciones publicadas por varios medios de comunicación en las que se asegura que la no renovación de las órdenes de embargo el año pasado, cuando se cumplía el plazo de cuatro establecido por la ley, ha permitido a Batasuna recuperar hasta 48 de esos establecimientos.

Embargo en vigor

"En ningún momento ha existido el más mínimo riesgo de que los bienes embargados por este Juzgado ", sostiene el juez Garzón en dicha nota de prensa.

El juez sostiene que si alguien ha violado los precintos, estaría cometiendo un delito
El juez añade que la disposición de esos bienes tiene que "ser autorizada por el administrador judicial y por el magistrado, además de informada por el Ministerio Fiscal", hecho que no se ha producido.

De haberse producido esa disposición de bienes, violando el precinto, las personas responsables habrían incurrido -según la nota- en los delitos de alzamiento de bienes, quebrantamiento de medidas cautelares y colaboración con banda armada.

Estudiando en Estados Unidos

El juez recuerda que cuando venció el embargo disfrutaba de una licencia por estudios en EE.UU
En dicha nota de prensa, el juez Garzón recuerda que el 29 de abril de 2006, fecha en la que se cumplió el plazo de caducidad de las anotaciones de embargo preventivas establecido en la Ley Hipotecaria, él se encontraba disfrutando de una licencia por estudios en los Estados Unidos.

En esa fecha, era el magistrado Fernando Grande-Marlaska quien le sustituía al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5.

En cualquier caso, Garzón ratificó el pasado viernes el embargo de 55 "herriko tabernas" en un auto en el que explica que dentro del sumario en el que se investiga la relación de Batasuna con ETA ordenó, el 29 de abril de 2002, cursar mandamientos a los Registros de la Propiedad del País Vasco y Navarra para que se anotara su embargo y la prohibición de disponer de sus bienes.

Fuentes próximas al magistrado señalaron, no obstante, que Garzón entendía que no era necesario el trámite de ratificar el embargo debido a que la causa está en manos de la "sala del 61" del Tribunal Supremo y se encuentra en una fase posterior a la medida cautelar acordada.

Por otra parte, el servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abrió hoy de oficio una información previa para esclarecer lo sucedido.