El pasado lunes, dos agentes de la Guardia Civil que interceptaron a Jamal Ahmidam el Chino a la altura de Buitrago —en la nacional A-1— en diciembre de 2003, declararon en el juicio del 11-M. "Llevaba dos cuchillos, ropa robada, una maza y un fajo de billetes (...), se identificó con un pasaporte belga a nombre de Youssef Ben Salam", narraron los guardias civiles.

El Chino, nervioso y chulesco, insultó y amenazó a los agentes —el Chino llamó "racistas" a los Guardias Civiles y les dijo que se iban a enterar—.

En respuesta, los guardias civiles le identificaron, comprobaron que mentía en casi todo lo que decía y llamaron a una grúa que llevó al Chino y a su vehículo hasta Lavapiés —o Vallecas—. Eso sí, le multaron por "los dos cuchillos".

Desde entonces, una pregunta ha quedado latente: ¿Por qué no se le detuvo?

"Falta de amparo legal"

Pues bien, la Asociación Independiente de la Guardia Civil (ASIGC) ha respondido a esta disyuntiva afirmando que los guardias civiles no tenían "amparo legal" para detenerlo "ante meras sospechas o indicios (...) por hechos que en todo caso serían faltas".

Las faltas no conllevan detención

Esta organización, de la que es miembro uno de los dos agentes, dice en un comunicado que las faltas "no conllevan detención, a no ser que el infractor no se identifique y se presuma que existe riesgo de sustracción a la acción de la Justicia" y que sólo la identidad falsa sería delito.

Este último extremo, según la nota, no se pudo verificar "al no tener posibilidad inmediata de comprobar la autenticidad del documento que exhibió (el Chino), de identidad belga".