La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) ha mostrado su "repulsa e indignación" hacia las administraciones públicas, por su "incapacidad" para solucionar un problema como el de las sentencias de derribo que pesan sobre cerca de 600 viviendas de la región y que afecta a "cientos" de familias. "Nos están destrozando la vida", apostillan, al tiempo que señalan que sienten "vergüenza ajena" de la actuación de las instituciones cántabras que, en relación a este problema, es "imposible" hacerlo "peor".

Así lo ha expresado el colectivo en un comunicado, en el que lamenta que "en poco tiempo" han recibido tres resoluciones judiciales que han sido "como tres puñaladas en el corazón", entre ellas la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) a las autorizaciones provisionales, que son la "principal herramienta" para la búsqueda de soluciones.

A esta decisión, conocida ayer, se suman la sentencia relacionada con las viviendas de la urbanización Pepín Cano, en Argoños, que implica la "pérdida de más del 60 por ciento del patrimonio" de los afectados, o la anulación del estudio de detalle de Munargo, en el mismo municipio, y que implica que se tienen que derribar las viviendas "incluso aunque en el mismo sitio se pueda construir un 30% más".

Con esto, AMA lamenta que las leyes del Parlamento regional sean "papel mojado", ya que "en lugar de soluciones, se convierten en un foco de problemas". En este sentido, avisan que una Comunidad Autónoma con un Parlamento cuyas leyes son "constantemente" cuestionadas por los jueces tiene un "grave problema".

"La Sala de Contencioso administrativo del TSJC cuestiona cualquier iniciativa que sea una vía positiva para las víctimas de esta grave situación", apuntan los afectados, para quienes "pedir justicia y esperar su cumplimiento se ha convertido en una quimera, en una utopía en nuestra comunidad".

Responsabilidades políticas

Por todo lo anterior, AMA pide "responsabilidades políticas" al Gobierno de Cantabria, por el "daño" que les está haciendo "con promesas que luego nunca ven la luz, con anuncios que son una provocación y que son el propio germen de la doctrina del desvío de poder".

"Las peleas y diferencias entre instituciones no tenemos que pagarlas lo ciudadanos", recalcan los afectados, que piden a las administraciones que "aparquen sus diferencias" y trabajen por "una Cantabria más justa".