El PSOE ha criticado este viernes las políticas de educación y de salud sexual y reproductiva impulsadas por el Gobierno de Mariano Rajoy, que contribuyen al "aumento de la desigualdad económica y de derechos en España". Así, ha denunciado "el importante retroceso educativo" en materia de becas y del personal de las universidades y le ha advertido también de que "con los derechos y libertades de las mujeres no se juega como moneda de cambio electoral".

Así lo ha expresado este viernes el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados y líder del PSOE en Málaga, Miguel Ángel Heredia, quien ha comparecido en rueda de prensa junto con la vicesecretaria provincial de la formación y senadora, Pilar Serrano.

En materia educativa, Heredia ha incidido en el "retroceso" llevado a cabo por el PP a través de "la conversión de las becas en un sistema de disuasión académica; ahora son un instrumento para el clasismo y para mantener el control de acceso a determinadas profesiones".

"Han laminado todas las ayudas, se han cargado todas las becas que no son generales o las han reducido a la mínima expresión", ha alertado el dirigente socialista, quien ha tachado de "incomprensible" esta política del PP.

También ha advertido del hecho de que "se pretenda convertir las becas en préstamos". "La educación es un lujo y un privilegio que perpetúa el modelo social, según el planteamiento del PP, que incrementa la desigualdad y ahonda en la brecha social", ha indicado.

Durante su intervención, ha recordado que en el primer curso con el Gobierno de Rajoy se recortó en 2.000 el número de becarios en la provincia de Málaga, lo que representa un 10 por ciento del total a nivel nacional, y en Andalucía, en 10.000. "Una muestra más del descarado sectarismo del PP hacia nuestra tierra", ha lamentado.

Más aún, Heredia ha dicho que el dinero que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte destina a las ayudas al estudio en todos los niveles —desde Infantil a la Universidad— ha caído en un 16 por ciento en los dos últimos cursos.

Se ha pasado de 1.748 millones de euros en el curso 2011-2012 a los 1.472 millones en el correspondiente a 2013-2014, ha apuntado Heredia, quien ha criticado que en sólo tres años "el PP haya dilapidado la equidad en el sistema educativo".

Ha hecho especial referencia al cambio de los criterios para solicitar becas en los departamentos universitarios, lo que "ha impedido a los alumnos andaluces optar a ellas", y ha insistido en su petición al Ministerio de Educación de que dé explicaciones al respecto. "La Comunidad más perjudicada vuelve a ser Andalucía; el PP no hace las cosas por ocurrencia, sino diseñándolo muy bien", ha sentenciado.

Respecto al personal, el socialista ha señalado que entre enero de 2012 y el mismo mes de 2014 ha habido una reducción de 30.338 efectivos. En el caso de la Universidad de Málaga (UMA), el número de docentes ha bajado en dos años en 62 personas y en 120 teniendo en cuenta a toda la plantilla que trabaja en esta entidad académica.

ABORTO

Por su parte, la senadora por el PSOE de Málaga ha denunciado que "desde que llegó al Gobierno el Partido Popular haya atacado y amenazado el derecho de las mujeres a decidir con la reforma de la ley del aborto".

En referencia expresa a la reforma impulsada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se ha preguntado "dónde están los derechos de las mujeres en este anteproyecto", por lo que ha exigido de nuevo que "se retire inmediatamente". "Es un ataque puro y duro a los derechos y libertades de las mujeres y, por tanto, a la democracia", ha apostillado.

En este punto, la vicesecretaria general del PSOE malagueño ha tachado de "indigna" la actitud del ministro, "vinculando su futuro político a la vida de las mujeres, a su derecho a decidir y a sus libertades".

Para los socialistas, "los derechos de las mujeres son nuestra prioridad y seguiremos luchando para no quedar fuera de Europa y no equipararnos a países de América Latina, generando inseguridad jurídica para las mujeres y para los profesionales". Algo que, sin embargo, sí asegura la actual ley, según Serrano, así como la educación sexual y reproductiva.

Como datos, Serrano ha apuntado que en este último año se han producido 120.000 interrupciones voluntarias del embarazo, de las que 4.000 han sido de menores de edad, por lo que "si se aplicara la reforma de Ruiz-Gallardón, sólo sería legal un ocho por ciento". En consecuencia, "el 92 por ciento restante de las mujeres se verían abocadas a interrumpirlo de manera insegura y clandestina".