La consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, ha afirmado que la tramitación administrativa de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) seguirá adelante salvo que un juez "determine su paralización".

Bonig se ha pronunciado de esta manera a preguntas de los medios antes de comenzar la jornada parlamentaria del PP en las Corts, en relación a la situación en que se encuentra el Plan Rabassa, después de la imputación de la alcaldesa de la ciudad, la 'popular' Sonia Castedo, por un presunto trato de favor al empresario Enrique Ortíz en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación de dicha actuación.

En este sentido, ha explicado que cuando entran en la Administración está la obligación de tramitarlos, salvo que el inversor que exista o un juez determine su paralización". "Mientras, va todo adelante, insisto, con estricto cumplimiento de la ley y todos los informes son positivos y todos los instrumentos tienen que ser aprobados por la Conselleria con el visto bueno de los técnicos".

"La llegada de Ikea a Alicante "se está tramitando como ATE", ha recordado Bonig, quien ha explicado que se va a desarrollar "con todos los instrumentos urbanísticos y con todos los informes favorables".

"Ahora, si un juzgado ordena la paralización pues obviamente nosotros lo paralizaremos" pero, "de momento, nosotros seguimos con todo el procedimiento administrativo con estricta sujeción a lo que establece la ley y los informes", ha insistido. A preguntas de los medios ha asegurado que "no se ha ralentizado el proyecto".