La Xunta dice que "corresponde al Estado" cumplir la sentencia del TS sobre Ence, pero se propone "colaborar" para ello

El Alto Tribunal obliga a abrir un expediente de declaración de caducidad y AGE augura que el Gobierno gallego "va a pasar de todo"
Ence en Pontevedra
Ence en Pontevedra
EUROPA PRESS

La secretaria xeral de Urbanismo, Encarnación Rivas, ha constatado que "corresponde al Estado dar estricto y cabal cumplimiento a lo sentenciado" por el Tribunal Supremo el pasado julio, cuando avaló un auto previo de la Audiencia Nacional (de 2011) que obligaba al Ministerio de Medio Ambiente a abrir un expediente de declaración de caducidad de la concesión sobre los terrenos marítimo-terrestres de Lourizán.

Con todo, la alto cargo ha asegurado que dicha competencia "en absoluto quiere decir que la Xunta se mantenga al margen", de forma que se ha fijado como objetivo "colaborar en lo posible" con el ministerio "en la posibilidad de llevar a debido efecto la sentencia dictada". "Siempre ponderando y determinando la prevalencia de todos los intereses que estén en juego", ha matizado.

La responsable de Urbanismo de la Xunta ha respondido así, en la comisión de medio ambiente del Parlamento de Galicia, a las preguntas de la diputada de Alternativa Galega de Esquerda (AGE) Consuelo Martínez, quien ante un "problema legal" y la "terrible contaminación" que genera la fábrica pastera, con efectos —según ha subrayado— para la actividad marisquera, ha advertido de que no ve "ningún motivo que impida el traslado de la factoría".

"Pontevedra huele mal", ha subrayado la parlamentaria antes de sugerir, a la luz de las palabras de la secretaria xeral, que el Gobierno gallego "va a pasar de todo" con la finalidad de "permitir que Ence siga en la ría".

"importancia vital"

Frente esto, Encarnación Rivas ha reivindicado que "el tema Ence" es "de una importancia vital" para la ciudad, la comarca, los ayuntamientos de la ría y toda la Comunidad Autónoma. Para ella, "los diferentes gobiernos" de la Xunta han actuado "en la medida de los posibilidades" y "en la defensa del interés general".

Así las cosas, ha finalizado señalando que se está "en estos momentos" ante "una sentencia que la da firmeza a la Audiencia Nacional -cuya decisión habían recurrido la empresa y la Abogacía del Estado—" y se ha mostrado "segura, como no puede ser de otra forma", de que el Estado "la llevará a efecto".

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