La Audiencia Provincial de Baleares ha rebajado de 5,3 millones de euros a 2,4 la cantidad que el exdirectivo del RCD Mallorca Vicente Grande debe abonar de su patrimonio al club bermellón para hacer frente a las deudas que, junto al exconsejero delegado Martí Asensio, generó con su gestión y con las que agravó la insolvencia de la entidad deportiva.

El tribunal de la Sección Quinta ha estimado así parcialmente el recurso de apelación que interpuso Grande contra la sentencia dictada en diciembre de 2013 por el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Palma, que declaró culpable el concurso de acreedores del club y condenó a ambos exdirectivos a devolver a la masa activa hasta seis millones de euros (5,3 millones en el caso de Grande y 693.345 por parte de Asensio).

La sentencia de la Sala, contra la que cabe interponer recurso ante el Tribunal Supremo, hace suyos los argumentos de la resolución dictada en primera instancia en relación a la negligencia grave en que incurrió Grande en la administración de la entidad desde junio de 2005 hasta diciembre de 2008. No obstante, estima su recurso en cuanto a la cuantificación de los daños y perjuicios causados.

Se da la circunstancia de que el fallo cuenta con un voto particular de uno de los tres miembros de la Sala, al discrepar respecto a la concurrencia de las causas invocadas para la calificación culpable del concurso en la persona de Grande.

Y es que la magistrada considera que la administración concursal no ha acreditado el dolo o culpa grave en las conductas que agravarían la insolvencia del club, así como la imposibilidad de fijar una fecha que permita concluir una declaración tardía de la solicitud del concurso. Ello le lleva a rechazar también (estimando completamente el recurso) la condena al pago de una indemnización.

"gastos desproporcionados" durante la gestión de grande

Tal y como relata la sentencia confirmada -excepto en lo que a las cantidades se refiere-, durante la gestión de Grande "se asumieron unos gastos desproporcionados en relación a los presupuestados en un afán por conseguir resultados deportivos con descuido de los económicos, imprescindibles éstos para lograr aquéllos y garantizar el pago a los acreedores".

La jueza María Encarnación González apunta asimismo a la existencia de créditos no satisfechos como en el caso de deudas mantenidas con la Agencia Tributaria y con el Athletic de Bilbao.

Según la sentencia, Grande "sorteaba" la situación del club acudiendo a sucesivas reducciones y simultáneas ampliaciones de capital, evitando incurrir en causa de disolución y haciendo aportaciones a través de entidades de su grupo ante la falta de tesorería, como reconoció en el juicio celebrado por estos hechos.

Una vez que el exdirectivo mallorquinista se apartó de la gestión, ésta fue asumida por terceros y fue entonces cuando afloró la situación de insolvencia del club.

"importantes" desviaciones respecto a las partidas presupuestadas

En este contexto, la magistrada apunta a las "importantes" desviaciones que se producían respecto de los gastos presupuestados y que alcanzaron su máxima expresión en la temporada 2007/2008. En esa época, precisa, el gasto deportivo pasó de ser de 17,4 millones de euros a 20,7 millones.

Además, precisamente en aquella temporada es en la que se obtienen los mayores beneficios derivados de la venta de jugadores, si bien "no puede obviarse que esas ventas determinan la necesidad de proceder a nuevas contrataciones bajo el riesgo de mermar la composición de la plantilla".

"Las particularidades de la actividad no alcanzan a justificar las desviaciones de presupuesto ni los fondos de maniobra negativos, aun cuando ello se presente en la mayoría de los clubes, como sostiene el señor Grande, convirtiendo en ordinario lo que habría de representarse como excepcional", añade la sentencia.

En el caso de Asensio, consejero delegado del club entre agosto y noviembre de 2009, la resolución apunta a diversas transferencias fraudulentas que llevó a cabo en ese periodo: 91.000 euros a cuenta de su empresa Safín Gestores -con la que ha sido condenado de forma conjunta a devolver las cantidades- el 3 de septiembre; 500.000 el día 11 y 11.600 el día 29, fondos que fueron extraídos de forma indebida desde las cuentas de la entidad rojilla.

Del mismo modo, el 12 de agosto de ese año expidió una factura de 91.000 euros por supuestos servicios profesionales relacionados con la compraventa de acciones. La magistrada ve necesario así inhabilitar al exconsejero delegado para administrar bienes durante diez años, atendiendo a la naturaleza de su conducta, que considera "apartada de cualquier interés de la entidad que gestionaba en beneficio propio".