Emilio Fernández Álvarez era administrador de la empresa Caolines de Merillés —que gestiona la mina Conchita— en 2004. "Llevo 60 años de administrador (...), tengo 82 años", asegura.

Según el testigo, nunca han notado que le faltaran explosivos: "Venía la policía minera y la Guardia Civil y nunca nos sancionaron", matiza Fernández.

Mina terminada

Fernández fue quien contató a Roberto López, ingeniero técnico de minas y director facultativo de mina Conchita que, según ha declarado, "sólo ejercía labores técnicas".

"Fue contratado para todo", matiza Fernández, quien ha reconocido que ahora tiene prohibida la entrada en la mina.

Aunque posteriormente se ha demostrado que había explosivos abandonados por la mina, Fernández no se lo explica: "No se quién puso allí los explosivos", se pregunta Fernández, quien ha explicado que "dejamos de explotar la mina porque se había terminado el trabajo allí".

Jorge Luis de la Torre

De la Torre era el jefe administrativo de mina Conchita y mina Collada en 2004.

"Había un consumo de unos 1.500 kg de explosivos al mes, 17.000 al año, y los cuatro o cinco meses anteriores estuvo del orden de unos 1.200 kg, por lo que no noté ninguna desviación ni alteración", matiza De la Torre.

Al igual que Emilio Fernández, el jefe administrativo ha matizado que "en ningún momento recibieron una sanción por parte de las autoridades".

Visita de la policía

Dos policías fueron a Asturias poco después de los atentados y les comunicaron que el explosivo utilizado el 11-M podía provenir de mina Conchita, cosa que "nos dejó muy sorprendidos".

"Expliqué con todo lujo de detalles el funcionamiento de la mina, y les aseguré que no teníamos conocimiento de ninguna irregularidad y que debía ser un error", matiza el testigo.

Ese mismo día, el jefe de administración les entregó a los agentes un organigrama de la plantilla, y que "eran todos conocidos".