Los 44 estudiantes que han sido condenados a pagar un total de 32.000 euros en multas por un delito de desórdenes públicos y una falta de lesiones en el marco de la protesta que el 22 de mayo de 2012 llevaron a cabo en el interior de la Conselleria de Educación en contra de los recortes, recurrirán la sentencia al aseverar que la Justicia "nuevamente ha vuelto a responder a intereses políticos" y "la represión refuerza las ganas de luchar".

Así lo ha puesto de manifiesto en declaraciones a los medios uno de los acusados, Joan Colomar, quien ha aseverado que pese al resultado del proceso judicial volverían a acceder a la Conselleria para protestar "contra la actitud despótica" del Govern, una actitud que "se ha agravado" y contra la que "hay que seguir luchando".

Colomar ha explicado que, de forma paralela, han puesto en marcha una campaña de recaudación de fondos que les permita hacer frente a los gastos judiciales, para lo cual han puesto a disposición de quienes estén interesados en ayudarles el número de cuenta 2056 0004 45 428003080.

Tal y como ha recalcado, los hechos por los que han sido condenados son "totalmente falsos", basados en testimonios "contradictorios", lo que supone "una nueva muestra de represión contra la protesta social por parte de un Govern que hace un uso interesado de la Justicia". "Lo único que se pretende con todo ello es poner freno a las protestas contra las políticas antisociales" del Ejecutivo autonómico, ha incidido.

"No esperábamos una sentencia tan dura y parcial", ha manifestado Colomar, quien ha apuntado, cerca de cien colectivos desde que fueron imputados en este proceso les han prestado su apoyo, entre ellos la Assemblea de Docents, la plataforma Crida, asociaciones de vecinos y entidades culturales.

Por su parte, Marta Mouzo, también condenada en este procedimiento judicial, ha leído un manifiesto en el que los acusados consideran que la sentencia es una "vulneración flagrante de nuestros derechos fundamentales de libertad de expresión y de reunión", basada en "mentiras" y "totalmente desproporcionada e injusta". "Las multas y las consecuencias agravan nuestra situación precaria, de estudiantes universitarios, algunos ya graduados y con premio extraordinario", ha subrayado.

En su manifiesto, los inculpados lamentan, por el contrario, que la denuncia interpuesta por uno de los estudiantes que, añade, fue agredido por la jefa de gabinete del entonces conseller, Rafael Bosch, haya sido archivada. "Esto no se acaba aquí. No hacemos más que continuar adelante para conseguir una educación pública, gratuita, de calidad y en catalán", han sentenciado.

Defienden que accedieron a la conselleria de forma "pacífica"

Durante el juicio, celebrado a principios del pasado mes de julio, los acusados aseguraron que accedieron de forma "pacífica y no violenta" al interior de la Conselleria, aseverando que ningún funcionario les impidió el paso y que incluso el personal de este departamento "les animaba y aplaudía".

En la vista oral se vivieron momentos de tensión -una de las acusadas se desmayó mientras declaraba- y se desplegaron fuertes medidas de seguridad. Los inculpados estuvieron respaldados por los más de 200 manifestantes que se congregaron a las afueras de los Juzgados de Vía Alemania de Palma con tambores y a gritos de "Jo també hi hauria entrat" ("Yo también habría entrado").

Las defensas solicitaban la libre absolución de sus patrocinados, quienes, ataviados con camisetas verdes que se han convertido en símbolo de protesta contra la política lingüística y educativa del Ejecutivo presidido por José Ramón Bauzá, defendieron que en ningún momento llevaron a cabo acto violento alguno y velaron durante la protesta para que la misma se desarrollase con normalidad.

La jueza:

"expreso deseo de atentar contra el orden público"

Pese a ello, la magistrada encargada de enjuiciarles apunta en la sentencia que en los inculpados había un "expreso deseo de atentar contra el orden público, que va mucho más allá de hacer notar el rechazo que generaba en los acusados la adopción de determinadas medidas de recorte en materia de educación y una concreta política lingüística del Govern".

Tal y como incide la jueza al respecto, "si bien es cierto que la libertad de expresión y manifestación, íntimamente vinculados como cauces de la democracia participativa, gozan de una posición preferente en el orden constitucional", los acusados sobrepasaron estos derechos, "perturbando gravemente el orden" en la Conselleria, "sin que su actividad pudiera desarrollarse con normalidad durante aproximadamente dos horas".