La Generalitat ha roto su compromiso de pago mensual a las farmacias, aunque fuera con 25 días de retraso, y este martes ha anunciado al Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Cataluña que no tiene dinero para pagarles en septiembre, con lo que volverá a aumentar el retraso que se había comprometido a saldar en 2014.

Fuentes del Consejo de Colegios de Farmacéuticos han afirmado que "es inadmisible que la Administración vuelva a financiarse con los proveedores, con el agravante de poner en riesgo la calidad de los servicios sanitarios" y han reivindicado que este asunto sea objeto de debate en el Parlament.

La Generalitat tenía que pagar este mes la factura de los medicamentos dispensados en julio, que asciende a 119,7 millones de euros, y que estaba previsto cobrar a finales de septiembre, con 25 días de retraso con respecto a la fecha de factura y una media de dos meses desde que los dispensaron, pero el anuncio de que la tesorería del gobierno catalán está vacía ha causado ahora de nuevo sorpresa y desasosiego en el colectivo farmacéutico.

Desde 2011, las farmacias sufren irregularidades en el pago y, aunque llegaron a soportar hasta cuatro meses de deuda en noviembre de 2013, el Fondo de Liquidez Autonómico y el compromiso de la Generalitat de regularizar este año los pagos mensuales calmó los ánimos de los 3.000 boticarios catalanes, que llegaron a hacer huelga.

A finales del año pasado, la administración catalana se comprometió por escrito a abonar, aunque con retraso, una factura cada mes y a intentar saldar la deuda durante el 2014. Durante los ocho primeros meses de este año, CatSalut ha cumplido su compromiso y ha pagado cada mes, aunque lo hacía el día 30 en vez del 5, como estipula el concierto vigente.

Fuentes del Consejo de Colegios de Farmacéuticos han dicho que "si el próximo día 30 se confirma el impago anunciado por la Generalitat, habrá vulnerado este compromiso y se volverá a cobrar con un retraso de 55 días". Esta situación es "inadmisible" y consideran que la administración catalana "pone en riesgo la calidad de los servicios que pueden ofrecer, cuando la salud debería ser un tema prioritario".

También defienden que este sea un motivo de debate en el Parlament, "pues afecta no sólo a los profesionales sanitarios, sino al conjunto de ciudadanos y a la gestión de los recursos disponibles", según un portavoz de los farmacéuticos.