El portavoz adjunto de EUPV en las Corts, Ignacio Blanco, ha informado de que su formación, "como impulsores del proceso penal" en el caso del Centro de Convenciones de Castellón, va a intentar que el juez "profundice en las responsabilidades del Ayuntamiento" de la ciudad. En este sentido, ha recordado que el alcalde castellonense en aquel momento era Alberto Fabra, actual presidente de la Generalitat.

Blanco, que se ha expresado de esta manera en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, ha explicado que el Ayuntamiento de Castellón aprobó "de forma unilateral y sin contar" con la Generalitat —responsable de los pagos del proyecto— un protocolo de intenciones para la implantación del Centro de Convenciones. Así, fue el consistorio el que, con sus peticiones, "dio pie a Calatrava a hinchar la dimensión de su proyecto y su presupuesto".

El diputado ha apuntado que, inicialmente, se firmó un proyecto por 60 millones de euros para la construcción del centro sobre una superficie de 16.000 metros cuadrados. Sin embargo, el arquitecto valenciano los amplió a 62.000 metros cuadrado, lo que conllevó un incremento del precio a 100 millones en la primera de las tres fases de construcción. "Ahí hay una vía de investigación", ha advertido.

"Hay mucho que averiguar sobre la responsabilidad municipal" en este asunto y, por eso, EUPV "va a pedir al juez que exija que se le traslade documentación de los servicios municipales de Urbanismo, así como el expediente que puedan constar en los archivos del Ayuntamiento sobre el Centro de Convenciones y que cite a declarar a las personas que puedan aclarar cómo se hizo esa petición de necesidades que cuadruplicaba la superficie construida y multiplicaba el precio del proyecto sin que la Generalitat estuviera informada".

"A partir de ahí —ha comentado el portavoz adjunto de EUPV— podremos ver las posibles responsabilidades política y penales que pueden tener los exresponsables del Ayuntamiento de Castellón, con Alberto Fabra a la cabeza".