Un total de 117 alumnos de la provincia de Granada han sido investigados por fraude en el domicilio en el proceso de escolarización, aunque sólo 26 de ellos han perdido los derechos de prioridad en la elección de centro, 18 de los cuales han debido cambiar de colegio. La mayoría de las denuncias se han producido en el acceso a la Educación Infantil de tres años y en el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria.

"Se trata de un número sensiblemente menor que el de cursos anteriores", ha explicado la delegada territorial de Educación, Cultura y Deporte, Ana Gámez, que ha cifrado el número de denuncias en 14, que han requerido que 117 casos sean investigados, veinte menos que el curso anterior.

El número de alumnos que han perdido la prioridad también se ha reducido en un 33 por ciento, más de un 70 por ciento en comparación a hace dos años. También son 10 alumnos menos los que, tras comprobarse el fraude, han perdido la plaza que habían solicitado, 45 menos en dos años.

La delegada Ana Gámez ha destacado que "la Junta de Andalucía actúa con contundencia ante este tipo de casos para garantizar el derecho de las familias en la elección de los centros escolares".

Recuerda, sin embargo, que "el fraude en la escolarización es una práctica poco habitual, que afecta a un porcentaje insignificante, alrededor del 0'01 por ciento del alumnado matriculado en centros sostenidos con fondos públicos en nuestra provincia".

Gámez ha incidido en que "las familias granadinas están comprendiendo año a año que el proceso de escolarización debe presentar todas las garantías para todos y todas las alumnas", detallando que la legislación andaluza establece la pérdida de los derechos de prioridad al centro solicitado en el caso de que se compruebe que las solicitudes de admisión incluyen datos o documentos que no se correspondan con la realidad familiar.

Según ha indicado, "la colaboración institucional es básica para el éxito de estas actuaciones, ya que se implican diferentes agentes".

En la tramitación de estas denuncias la Delegación ha contado con la colaboración de la Fiscalía, de la policía autonómica y de la mayoría de los municipios. El proceso de escolarización se realiza con plenas garantías para todas las familias, por lo que, como paso previo a la resolución final, todas las familias denunciadas han sido oídas e informadas del procedimiento en curso y de los datos aportados por la policía autonómica.