La Asociación de Ayuda a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos criticó ayer que un presunto maltratador, contra el que pesa una orden de alejamiento de 300 metros, sea el beneficiario de la casa donde vivían, en perjuicio de la víctima y de su hija que se quedan en la calle, ya que  el centro de emergencias está saturado y no hay plazas para acogerlas.

El juzgado, por su parte, argumenta la decisión en que el contrato de alquiler está a nombre de él y en que la menor no es hija suya y, por lo tanto, no tienen ningún vínculo.
La mujer denunció la agresión el pasado sábado.