La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) ha criticado que el nuevo servicio de orientación y asistencia jurídica y penitenciaria (Soajp) que pretende promover la Junta andaluza sufrirá un recorte presupuestario del 66 por ciento, pasando de 396.000 a 130.000 euros.

En una nota, el colectivo ha recordado que el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, dispuso en abril de 2012 del fin de un servicio público "esencial para uno de los colectivos más desfavorecidos de la sociedad", si bien "la férrea presión parlamentaria, animada por las entidades sociales que conformaban la 'plataforma reanudación Soajp ya', a la que se ha visto sometido el consejero por el resto de partidos políticos, PP e IU, hizo que este no tuviera más salida que reanudar este servicio".

Ante la "inacción" tras el anuncio, en verano de 2014 APDH-A volvió a presionar ante los Defensores del Pueblo, habiéndose afirmado este fin de semana haber alcanzado un acuerdo con los abogados para su aplicación, no obstante lo cual "se desprende que se pondrá en marcha otra orientación penitenciaria, que nada tiene que ver con la anterior".

De esta forma, lamentan que se reducirá el número de letrados que asistirán a las prisiones, antes uno diario en la mayoría de las provincias, "lo que determinará a buen seguro que el tiempo de que dispondrán los abogados para cada uno de los presos se reducirá significativamente: si antes se atendían en muchas prisiones a siete presos en dos horas, ahora probablemente serán diez, con lo que la calidad se reducirá necesariamente".

"A su vez, se abonará por asistencia la mitad de lo que se abonaba antes de su suspensión", ha manifestado la asociación, que se pregunta "cuántos letrados pueden estar dispuestos a desplazarse 130 kilómetros, estar una mañana y trabajar y seguir cada una de las encomiendas jurídicas que le hagan los presos por alrededor de 60 euros".

Por otra parte, "desconocemos como ha quedado finalmente la pretensión del consejero de eliminar la mayoría de competencias de este servicio". "Según el borrador previo, que rechazamos, dejaba el servicio en meramente para informar al preso con objeto de que este se autodefienda en cuestiones tan sensibles como la privación de libertad, cuando este servicio desde sus inicios se establecía como contenido la orientación y asistencia jurídica, incluyendo expresamente la redacción de escritos y recursos".

"Es evidente ya lo que nunca se atrevió a confesar el consejero: que se trataba de una mera cuestión de recorte presupuestario, que afectaría a uno de los colectivos más desfavorecidos sin voz, que encontró, para sorpresa del consejero, una lucha organizada entre sociedad civil y fuerzas parlamentarias", ha recalcado APDH-A, que cuestiona "si tiene sentido dejar durante dos años y medio sin orientación ni defensa jurídica a 13.000 personas encarceladas y sin recursos económicos, para que la Junta se ahorre aproximadamente un millón de euros".