La Consejería de Fomento y Vivienda ha informado este lunes de que ha alcanzado un acuerdo con la promotora inmobiliaria Disean S.L., propietaria de una promoción de viviendas protegidas en Sanlúcar la Mayor (Sevilla), para que sus viviendas desocupadas sean gestionadas por la Administración autonómica, las mismas sean adjudicadas en régimen de alquiler según el registro municipal de demandantes y sus adjudicatarios opten a las ayudas autonómicas para inquilinos en situación de especial vulnerabilidad.

La promoción de viviendas, bautizada como Balcones al Sol, contaría al menos en gran medida con la calificación correspondiente a las viviendas protegidas, pero según avisaba la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que ha protagonizado una acampada de protesta frente a las casas, para entregar tales viviendas la promotora solicitaba un aval bancario y estipulaba unas rentas de alquiler de unos 300 euros. "Las familias que solicitan estas viviendas y las necesitan están en situación de exclusión social y las que tienen ingresos no son superiores a 426 euros", manifestaban los activistas reclamando una "función social" para estas viviendas.

Después de que la plataforma anunciase la consecución de "alquileres sociales" para el buen aprovechamiento de estas viviendas, fuentes de la Consejería de Fomento y Vivienda ha informado a Europa Press de que el departamento de Elena Cortés prevé firmar en los próximos días con la citada promotora un convenio para poner en alquiler social un total de 41 viviendas pertenecientes a dicha empresa, localizadas en Sanlúcar la Mayor y actualmente "vacías".

Términos del acuerdo

"El convenio consiste en que la promotora cederá a AVRA la gestión de las viviendas desocupadas de la promoción. Dichas viviendas serán adjudicadas en régimen de alquiler a través del registro municipal de demandantes del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, y sus inquilinos podrán acogerse a la línea de ayudas autonómicas al alquiler para inquilinos en situación de especial vulnerabilidad", explica la Consejería de Fomento y Vivienda, según la cual "se tratará de la primera cesión de una promotora privada de viviendas a la administración pública andaluza, para facilitar su adjudicación en régimen de alquiler social".

La línea de ayudas al alquiler de la que se podrían beneficiar los futuros inquilinos de estas viviendas, en caso de cumplir los requisitos establecidos, estipula que los mismos no abonarán más del 25 por ciento de su renta familiar disponible.

Este convenio irá acompañado de la creación de una comisión entre la Consejería, el Ayuntamiento, la promotora y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, para realizar un seguimiento de todo el proceso, pues no en vano la plataforma social ha protagonizado una acampana de más de un mes frente a la promoción de viviendas en demanda de un uso social para las mismas.