La Fiscalía Delegada para Andalucía sobre Violencia de Género afirma que el número de diligencias de investigación iniciadas de oficio en 2013 sigue demostrando la necesidad de una coordinación y de una especialización judicial en la lucha contra esta lacra social.

En la Memoria Anual de la Fiscalía Superior de Andalucía, a la que ha tenido acceso Europa Press, la fiscal delegada, Flor de Torres Porras, recuerda que en Andalucía se produjeron en 2013 un total de once "femicidios", que representan un 20,4 por ciento de los ocurridos en todo el territorio nacional, que alcanzó 54 mujeres víctimas mortales.

Se trata de una proporción "desgraciadamente aumentada en relación al año anterior, ya que fueron ocho las mujeres asesinadas".

Torres Porras relata que en los últimos años la especialización del Ministerio Fiscal en violencia de género es un hecho, lo que se ha consolidado creándose una red coordinada de fiscales que, con dedicación exclusiva, atienden, despachan y asisten a todos los procedimientos de esta naturaleza.

No obstante, "el número de diligencias iniciadas de oficio en 2013 sigue demostrando la necesidad de esta coordinación y la demanda de la especialización en violencia a la mujer", a lo que se suma que los protocolos que en este sentido se están adoptando "está refrendados con resultados operativos".

La fiscal considera además que existe un mayor asentamiento de los postulados extra jurídicos, como la necesidad de transmitir la intolerancia social a la violencia de género; la educación en igualdad y el respeto del rol femenino en el círculo familiar y de pareja.

"Son importantes canales de información al Ministerio Fiscal para el inicio de las diligencias de investigación de bolsas ocultas de violencia de género", añade Torres Porras, que también hace hincapié en las medidas de protección y de control de las órdenes de alejamiento impuestos tras sentencia firme, como son los dispositivos electrónicos para penados.

En el año 2013 se computaron un total de 1.374 medidas de alejamiento y de 3.274 órdenes de protección. Es decir, una de cada tres será una medida de alejamiento y las otras dos restantes medidas de protección.

En relación directa con los asuntos penales incoados, las medidas de protección son muy inferiores en proporción a los delitos.

En medidas el descenso es muy notable y cifrado en un total de 4.648, lo que supone una reducción de 1.563 medidas y órdenes, conllevando un descenso de un total del 25 por ciento en concesiones. De ellas se denegaron 1.024.

Se adoptaron medidas sólo penales en 1.754 casos; medidas mixtas civiles y penales en 882 y medidas sólo civiles en 86 casos.