La nueva Ley de Salud reconoce la condición de autoridad pública a los profesionales y crea un Comité de Pacientes

El pleno del Gobierno valenciano ha aprobado este viernes el Proyecto de ley de la nueva ley de Salud de la Comunitat Valenciana, que, entre otras novedades, reconoce la condición de autoridad pública a todos los profesionales sanitarios, simplifica el consentimiento informado, y crea un Comité de pacientes para contar con la opinión de los usuarios en la mejora del sistema.
Operación En El Hospital De Elda
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GVA
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Así, lo ha explicado este viernes el conseller de Sanidad, Manuel Llombart, en la rueda de prensa para explicar los asuntos tratados en reunión del pleno del Consell, que ha resaltado que este proyecto se adecua la normativa sanitaria valenciana a la realidad actual y se simplifica ya que reduce el marco normativo a dos proyectos, el relativo a las prestaciones farmacéuticas y este Ley de Salud, que refunde las seis leyes actuales, un decreto legislativo y cuatro decretos, que serán derogados.

Llombart ha destacado que esta norma ha contado con "un alto consenso" de todos los agentes sociales del ámbito sanitario, ya que fue previamente consultada con asociaciones de pacientes, familiares, colegios profesionales y sociedades científicas, y ha confiado en que su debate parlamentario "se mejore también su redacción definitiva y se consiga que una ley estructural para la sanidad valenciana con el consenso de todos los grupos".

Así, la nueva ley se La Ley se estructura en nueve títulos, en los que se definido el Sistema Valenciano de Salud como organización y se establecen las prestaciones sanitarias a las que pueden acogerse los valencianos, que se acuerdan en el Consejo Interterritorial.

También recoge las directrices en materia de salud pública y drogodependencias; concreta los derechos y deberes del ciudadano en el ámbito de la salud y define la capacidad interventora de la administración sanitaria a la hora de controlar y sancionar aquellos aspectos que afectan a la salud individual y colectiva de la población.

Llombart ha confirmado que entre las novedades más importante que recoge la nueva ley es, como ya se había anunciado, el reconocimiento de la condición de autoridad pública a todos profesionales sanitarios del Sistema Valenciano de Salud, tanto médicos, enfermeros como celadores, en el ejercicio de las funciones. Este reconocimiento les da "una mayor protección legal ante una posible agresión" ya que la agresión se califica como "delito de atentado y no delito de agresión" y por tanto conlleva "una pena superior".

Asimismo, se creará un Comité de Pacientes de la Comunitat, al que Conselleria podrá consultar para tratar de mejorar el sistema y que podrá por su parte aportar cualquier sugerencia que crea conveniente.

Además, se simplifican los documentos del consentimiento informado respecto a la ley anterior para "hacer más flexible y eficiente su utilización" . También regula el consentimiento informado para menores cuando sus progenitores estén separados o divorciados. En este caso se exige el consentimiento de ambos cuando sea una intervención intensa programada, mientras que bastará el de uno de ellos en el caso de asistencia en un ambulatorio o cuando sea una urgencia.

Adicción a las nuevas tecnologías

En materia de Salud Pública, se reconoce de forma expresa la adicción a las nuevas tecnologías, tales como teléfono móvil, internet, videojuegos y contenidos virtuales, que deberán tratarse en las Unidades de Conductas Adictivas (UCAS) y se limita el uso de cigarrillo electrónico a lo dispuesto en la normativa estatal. En el ámbito laboral, se contempla que en los programas de prevención participen las organizaciones empresariales, sindicales, servicios de prevención y comités de seguridad y salud.

En el campo de la investigación, se apuesta por la innovación y las nuevas tecnologías. Manuel Llombart ha indicado que "la investigación se dirige al desarrollo de nuevos productos y métodos diagnósticos, pronósticos y terapéuticos que redunden en una mejor práctica clínica y una mejor calidad de vida de los pacientes".

En materia de aseguramiento sanitario, se continúa con la adaptación del Sistema de Información Poblacional (SIP) al nuevo modelo de aseguramiento del Sistema Nacional de Salud, así como la consolidación y completa integración funcional con la base de datos de tarjeta sanitaria única del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Por último, se han unificado los diversos regímenes sancionadores concurrentes en materia de ordenación y asistencia sanitaria, salud pública y drogodependencias. A tal efecto, se ha dispuesto una regulación común sobre prescripción de infracciones y sanciones, criterios de graduación, sujetos responsables y procedimiento sancionador. Se establecen por ley los órganos competentes para resolver los procedimientos sancionadores y que los padres, tutores, acogedores y guardadores legales, por este orden, deberán responder solidariamente con los menores de edad del pago de las indemnizaciones y sanciones derivadas de las infracciones cometidas por ellos.

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