Las parlamentarias del BNG en el Congreso, Olaia Fernández Davila y Rosana Pérez, han presentado varias iniciativas en las que instan al Ministerio del Interior a "anular las multas impuestas a personas afectadas por la estafa de las preferentes y subordinadas", por haber organizado y participado en manifestaciones y actos de protesta en defensa de sus "legítimos derechos".

Así, Olaia Fernández Davila ha puesto de manifiesto que varios afectados presentaron demandas por la vía judicial reclamando la retirada de las sanciones impuestas.

Al respecto, recuerda las movilizaciones que "se han visto obligados a hacer" en los dos últimos años para denunciar el "enorme engaño financiero del que fueron objeto", y "reclamar la recuperación de sus ahorros, logrados después de muchos años de trabajo".

"No tuvieron más salida que organizarse y movilizarse frente a un abuso bancario", ha advertido, antes de señalar que "su lucha consiguió recuperar parte o la totalidad del dinero depositado en productos tóxicos".

Davila ha subrayado que esto ha sido posible "pese a que desde la Administración del Estado se intentó en todo momento rebajar el tono del problema", tratando de "relegarlo a algo menor, a una simple cuestión de orden pública para sólo transmitir una situación de conflicto en lugar de resaltar el engaño financiero".

"persecución policial"

La parlamentaria del BNG ha denunciado que, "pese a lo loable de su lucha, siempre pacífica", los preferentistas fueron "objeto de persecución policial como si fuesen delincuentes y se les aplicó una extrema vigilancia por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, hasta el punto de ser sancionados y multados".

El Bloque recuerda que las denuncias por vía judicial se están archivando, pese a lo cual se mantiene la apertura de expedientes administrativos contra los integrantes de estas plataformas. Además, señala que sólo en la provincia de Pontevedra, el conjunto de ls sanciones impuestas alcanzan un total de 20.000 euros.