Frente a las acusaciones de "atentado ecológico" del Grupo municipal socialista por la tala de 21 plataneros y el trasplante de otros cinco ejemplares en las obras de la calle Almirante Lobo, el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla, Maximiliano Vílchez (PP), ha defendido que los árboles talados presentaban "oquedades y podredumbres", por lo que no cabía trasplante por "riesgo para trabajadores y viandantes". Las talas o apeos, según alega, están "más que justificadas" desde el plano técnico y legal.

Vílchez, en un comunicado, ha recordado que el artículo 98 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, que regula los proyectos de urbanización, estipula literalmente que "los proyectos de urbanización son proyectos de obras que tienen por finalidad llevar a la práctica las previsiones y determinaciones de los instrumentos de planeamiento. No podrán contener determinaciones sobre ordenación ni régimen del suelo o de la edificación, y definirán los contenidos técnicos de las obras de vialidad, saneamiento, instalación y funcionamiento de los servicios públicos y de ajardinamiento, arbolado y amueblamiento de parques y jardines descritas en el artículo 113.1 de la Ley y otras previstas por los instrumentos de planeamiento".

"Tal y como dice la Ley, tenemos un proyecto, la obra de renovación de redes de saneamiento y abastecimiento es necesaria e imprescindible y hay informes técnicos que dicen que en la calle hay

21 árboles que no se pueden trasplantar, replantaremos luego 44 y cinco se trasplantarán en otoño, debido a que presentan oquedades y

podredumbres, algo que supone un riesgo para trabajadores y

viandantes", ha reiterado Vílchez, que ha añadido que "no vamos a

actuar al margen de la ley ni de los criterios técnicos porque somos

consecuentes y porque si ocurriera algún incidente, la culpa luego

sería nuestra. Somos responsables y hay que garantizar la seguridad,

todo está más que justificado, solo tienen ustedes que informarse. La

oposición no está legitimada para salir criticando cuando ellos

talaron todos los árboles en la avenida de la Constitución o Virgen

de Luján y cuando en el Consejo de la Gerencia de Urbanismo se

abstuvieron cuando se presentó el proyecto de Almirante Lobo".

El papel de espadas

Además, "curiosamente, esta ley fue desarrollada y aprobada siendo

el portavoz del Grupo Municipal Socialista director general de

Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de

la Junta de Andalucía y, en consecuencia, corresponsable de esta ley". Es decir, "la ley de la cual es corresponsable el portavoz del PSOE avala la acción realizada en Almirante Lobo, por lo que si sus compañeros departido tienen duda que le pregunten a él", ha reiterado Vílchez.

Por otro lado, esgrime el artículo 19 de la Ordenanza de Arbolado, Parques y Jardines públicos en el municipio de Sevilla y en el que literalmente se dice que: "Las talas y abatimientos de árboles de carácter público en el municipio de Sevilla llevadas a cabo por el Servicio de Parques y Jardines, de conformidad con el acuerdo de pleno de 15 de diciembre de 2005, salvo en los supuestos de inminente

peligro para la seguridad vial o peatonal, requerirá una disposición

motivada con carácter individualizado, que acredite la inviabilidad de cualquier otra alternativa".

"Esta ordenanza establece claramente que cuando no existan otras alternativas salvo los criterios de peligrosidad tasados, se pueden realizar los apeos y se ha acreditado, en el caso de Almirante Lobo tanto a nivel de proyecto como informes técnicos que no existía otra alternativa cuando se debe practicar una zanja en trinchera de cinco metros de profundidad, entre la línea de arbolado, el arroyo subterráneo del Tagarete y las cimentaciones de los edificios colindantes, por lo que no mentimos ni nos saltamos la ordenanza". "La oposición sabe muy bien que no se está actuando por capricho", dice.

En definitiva, "se está actuando en base a un proyecto, a unos

informes técnicos y a la ley. No estamos ocultando nada, la oposición

no debe poner en entredicho lo que dicen los técnicos, y más siendo todos los informes y proyectos públicos, no como ocurría con el anterior gobierno, que encargaban informes a dedo y a empresas privadas para realizar los apeos como ocurrió en la avenida de la Constitución cuando se hizo el tranvía, cuyo informe costó más de 10.000 euros. Además, cuando PSOE gobernaba hubo talas que ni tenían informes técnicos previos, ni motivos de seguridad ni hubo reposición de arbolado".