Doce municipios leoneses, en concreto Astorga y todos los ayuntamientos pertenecientes a las mancomunidades de La Cepeda y Órbigo, han presentado este jueves alegaciones ante la llegada de 500.000 toneladas de basura sin tratamiento previo al Centro de Tratamiento de Residuos de San Román de la Vega (León).

Además, han acordado de manera unánime iniciar los trámites administrativos y judiciales para impedir, entre otras cosas, el "riesgo de salubridad" que supone la llegada a la planta provincial de la basura sin tratamiento previo, según ellos mismos han informado en un comunicado.

Se trata de los municipios de Astorga, Benavides de Órbigo, Turcia, Hospital de Órbigo, Villares de Órbigo, Santa Marina del Rey, Villarejo de Órbigo, Magaz de Cepeda, Villaobispo de Otero, Villagatón, Villamejil y Quintana del Castillo.

Todos ellos se han sumado en bloque a las alegaciones que se han registrado este jueves ante el consorcio provincial Gersul contra la ordenanza que, en su opinión, "esconde una autorización expresa al vertido directo, sin tratamiento previo ni garantías de salubridad, de las balas procedentes del depósito temporal de Santa María del Páramo".

Además, todas estas corporaciones, regidas por el PP, el PSOE y UPL, han aprobado otorgar un plazo a Gersul y a la Junta de Castilla y León para mantener una reunión "urgente", en los próximos días.

Se trata de "un gesto para no renunciar a la vía del diálogo", han agregado las mismas fuentes, que "abre una posible negociación antes de formalizar ante los tribunales un recurso judicial contra el depósito de esa ingente cantidad de basura que, además, saturará casi por completo el actual vaso de vertido".

Los doce ayuntamientos han recordado en sus respectivos escritos de alegación que se ha producido por parte de Gersul una la mala gestión del sistema de residuos, y que no se garantiza la viabilidad de las instalaciones "ni siquiera a medio plazo", ni se vela por la protección de la salud de las personas y el medio ambiente.

Por otro lado, han recordado que la decisión de verter de manera directa los fardos carece de las necesarias autorizaciones y contraviene la autorización ambiental otorgada a las instalaciones por la Junta de Castilla y León.