Si un hombre agrede a una mujer recibirá un castigo más duro que si la situación se diera al contrario.

Esta medida ya se contemplaba en la Ley Integral de Violencia contra la Mujer (PDF), aprobada en 2004. Sin embargo muchos sectores judiciales habían expresado sus dudas jurídicas con respecto a esta situación.

Pensaban que esta discriminación positiva podía vulnerar el derecho a la igualdad planteado en la Constitución, ya que la ley establece que, a igual delito, la pena se agrava si el agresor es varón.

Más de un centenar de cuestiones de inconstitucionalidad se han planteado hasta ahora contra esta ley.

A todas ellas, la fiscalía ha respondido con un informe en el que asegura que esta distinción en cuanto a las penas no vulnera la Constitución, según informa el diario ABC.

Según la Fiscalía, el sexo del agresor no carece de “neutralidad”, ya que pese a que la Constitución contempla la igualdad de las personas ante la ley, los “condicionamientos socio culturales” actuales han convertido a la mujer en “objeto de agresiones de toda índole, en una proporción abrumadoramente superior a las que ellas ocasionan”.

El fiscal califica las agresiones de las mujeres hacia los hombres de “casi irrelevantes”.

Ha asegurado también que la ley garantiza un castigo proporcional al delito cometido por el maltratador.