Más de 120.000 personas en Europa han reclamado a Google que ejerza el derecho al olvido

Madrid ha sido este martes el punto de arranque de la gira internacional de Google por siete ciudades europeas para explicar en números y palabras cómo lleva la aplicación del derecho al olvido que le exigió el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en mayo.

No es casualidad que España haya sido la sede del comienzo de este tour, ya que fue un ciudadano de este país, Mario Costeja, el primero que exigió a Google que borrara las informaciones en las que seguía apareciendo como deudor después de haber saldado su deuda con la Seguridad Social y como casado después de haberse divorciado.

El 13 de mayo el TJUE falló a favor del derecho al olvido y, desde el 29 de mayo, la empresa estadounidense ha puesto a disposición de todo el que lo desee un formulario de petición de derecho al olvido.

A 1 de septiembre, más de 120.000 ciudadanos europeos han solicitado que se borren informaciones sobre ellos en los buscadores de Internet que ya "no tienen relevancia ni interés público y resulten perjudiciales para esas personas implicadas", como rezaba la sentencia. Son 457.000 URLs afectadas, con lo que sale una media de 3,8 URL/persona.

La empresa ha ofrecido datos más concretos hasta el 18 de julio. Hasta esa fecha, España era el cuarto país de la Unión Europea con más solicitudes de derecho al olvido. En total, por aquel entonces, eran 8.000 para un conjunto de 27.000 URLs.

El primer puesto del ranking lo ocupaba Francia (17.500 peticiones, 58.000 URLs), seguida de Alemania (16.500, 57.000) y Gran Bretaña (12.000, 44.000). Italia se situaba por detrás de España con 7.500 peticiones y 28.000 URLs afectadas.

El total en Europa ascendió a 91.000 peticiones hasta el 18 de julio, de las que un 27,5% se han cursado, un 30% se rechazaron, a un 15% se les ha pedido más información y un 27,5% están en proceso.

Google y el resto de compañías de otros buscadores son las que tienen que  evaluar si las peticiones se ajustan a los requerimientos de la sentencia europea.

Para ponerlo en práctica, la empresa de Mountain View (California) ha creado un comité asesor independiente que ha establecido tres criterios para no borrar una información, aunque se pida: que sea sobre un personaje público, que trate sobre corrupción política y/o financiera, que sea información de actualidad, vigente en el momento actual.

Como ha recalcado este comité a 20minutos: "Nosotros solo marcamos directrices y no entramos a valorar casos concretos. En este punto, nos gustaría resaltar que, a pesar de que se borre del buscador, la información no desaparece, sigue estando en la Red".

Después de Madrid, la audiencia pública con expertos y público se trasladará a otras seis ciudades europeas: Roma, París, Varsovia, Berlín, Londres y Bruselas. En enero de 2015 publicará un informe con sus conclusiones.