El portavoz del Gobierno y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Antonio Saldaña (PP), acompañado del delegado de Impulso Económico, Francisco Cáliz, y el gerente del PCTA, Juan Carlos Racero, ha presidido este lunes la Junta de Portavoces para informar sobre la situación económica y financiera del Parque Científico Tecnológico Agroindustrial (PCTA) de Jerez con los representantes de todos los grupos municipales.

Esta reunión ha contado con la presencia de los portavoces de los grupos municipales de PSOE, IU, Foro Ciudadano, Luis Flor (que además es consejero del parque), Joaquín del Valle y Rocio Montero, respectivamente, según ha informado el Ayuntamiento de Jerez.

El objeto de este encuentro, tal y como la alcaldesa informó el pasado viernes, ha sido dar información a la oposición de las medidas en las que se está trabajando para garantizar la viabilidad del parque. Entre estas acciones, se ha dado cuenta de las decisiones adoptadas por la Junta General del PCTA-Jerez, reunida con carácter extraordinario el pasado jueves día 4 de septiembre, en la que se acordó convocar el consejo de administración de la sociedad para que tome las medidas que hagan viable el parque, entre ellas, poner en conocimiento del Juzgado de lo Mercantil las negociaciones para llegar a un acuerdo de refinanciación del PCTA, lo que se conoce como preconcurso de acreedores.

El Gobierno local ha explicado a los grupos que con esta medida se pretende garantizar la viabilidad del parque y, por tanto, su continuidad. Igualmente, el portavoz municipal ha explicado que se quiere separar el negocio inmobiliario de la gestión del parque por entender que "es el origen y la causa de la actual situación del parque debido a una mala gestión del Gobierno anterior del PSOE".

"Asimismo se están estudiando la formula de hacer frente a las devoluciones de las subvenciones así como los usos de los edificios, a la vez que se está trabajando en equilibrar el negocio real del parque", ha añadido.

Tras exponer la situación del parque, Saldaña ha pedido a los demás grupos políticos su colaboración para ir de la mano y ha lamentado que la Junta de Andalucía y el PSOE no participaran en la Junta General ya que, según ha explicado, esta fue convocada de forma consensuada tras los contactos mantenidos durante el verano con la Junta de Andalucía para garantizar la viabilidad del parque y tras conocerse la insolvencia del parque.

El cambio de gerente

Según ha explicado en la reunión, en el momento en el que se produjo el relevo en la gerencia, en la caja había 1,4 millones de euros teniendo que hacer frente a pagos por valor de 4 millones de euros. Saldaña ha recordado que "con el cambio de gerente se destapó precisamente la verdadera situación del parque y desde entonces se ha estado trabajando en recabar toda la información para poner orden en las cuentas".

El portavoz municipal ha explicado los pasos que se han dado desde que se conoció la situación económica y financiera del parque, poniendo en conocimiento de la Junta de Andalucía toda la información para buscar una solución conjunta, como accionista del parque, y acordando en verano la convocatoria de la Junta General.

Igualmente, ha continuado señalando que se le ha venido reclamando de forma continua, a través de distintos escritos, la deuda que mantiene con el parque de 1,2 millones de euros, "sin que hasta la fecha la haya hecho efectiva".

Según ha informado, "actualmente la deuda asciende a 1,2 millones de euros, de los que 608.000 euros corresponden a infraestructuras del año 2008 y los 600.000 restantes a la financiación basal correspondiente a los años 2011 y 2012". Ha recordado que en 2013 y 2014 no ha habido ayuda para ningún parque porque la Junta de Andalucía las ha eliminado de los presupuestos.

En cuanto a la actividad inmobiliaria del parque, en la reunión se ha informado de la puesta en conocimiento de la Fiscalía del Informe de la Intervención General del Estado sobre las irregularidades cometidas en las obras de construcción del contenedor de empresas en el año 2010, durante la etapa del Gobierno de la socialista Pilar Sánchez.

Entre estas irregularidades, el informe revela que no se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el anuncio de licitación, tampoco en la Plataforma de Contratación del Estado, ni en el perfil del contratante.

En el escrito se dice, según el Ayuntamiento, que si la adjudicación hubiese sido la correcta, el ahorro en la construcción del edificio hubiera ascendido a unos 565.000 euros.

También se ha explicado a los portavoces de los grupos de la oposición que la subvención solicitada por el parque para realizar el edificio contenedor de empresas, ascendía a 13,5 millones de euros, en tres anualidades, de las que sólo se concedieron dos, en 2009 y 2010. Y que a pesar de ello, en lugar de readaptar el proyecto al importe de las subvenciones, se ejecutó el proyecto inicial, dejando el edificio sin acabar y, por tanto, no cumpliendo con la finalidad de la ayuda.

Del mismo modo se ha dado conocer que como consecuencia de todo esto, la intervención ha emitido un informe en el que pide al parque el reintegro de 6,3 millones de euros, por la no terminación del edificio y por las irregularidades detectadas, habiéndose hecho, por parte del Gobierno actual las alegaciones oportunas, al ser "uno más de los problemas que heredó del anterior Gobierno del PSOE".

A pesar de todo esto, en esta junta de portavoces, el Gobierno municipal ha recalcado que el PCTA seguirá adelante porque es "un proyecto viable y de futuro para la ciudad". En este sentido, se ha informado de que ya está en marcha un acuerdo con la Diputación Provincial para destinar dos planes de empleo, de medio millón de euros, para la adaptación de 7 naves del contenedor de empresas.