En el juicio, cuya primera sesión se celebra hoy, el fiscal va a sostener que los procesados llegaron a accionar el dispositivo que debía hacer estallar el vehículo, aunque un fallo del mecanismo impidió que se produjera "el resultado apetecido" por ellos, y que cuando más tarde los técnicos de la Policía procedieron a la explosión controlada del mismo 19 personas resultaron heridas.

El escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía asegura que los acusados averiguaron que la furgoneta pasaba cada día por la intersección del paseo de la Ermita del Santo y la avenida del Manzanares, en Madrid, trasladando a jefes y oficiales del Ejército del Aire desde sus viviendas en la zona de la ribera del río hasta las diversas bases y acuartelamientos donde estaban destinados.

"Tras observar que en el vehículo oficial viajaban diariamente once personas", los procesados robaron un automóvil, sustituyeron sus placas de matrícula por otras falsas y cargaron en él dos ollas con 45 kilos de explosivo amosal y metralla cada una, después de lo que lo trasladaron hasta el lugar elegido.

Sobre las 8.00 horas del 25 de enero de 1994, "la furgoneta pasa por el lugar previsto y, mientras Arri cubre la acción, Azurmendi acciona el dispositivo, pero no se produce el resultado apetecido, por fallo del mecanismo".

Cuando más tarde, la Policía colocó un cebo en el coche-bomba, el artefacto estalla y causa heridas a 19 personas y destrozos en vehículos y viviendas colindantes que fueron valorados en más de 131 millones de pesetas (unos 790.000 euros).

Azurmendi fue detenido en Sevilla el 20 de marzo de 1998 y confesó su participación en este atentado frustrado, junto a la de Arri, Martínez y los etarras presos en Francia Jon Bienzobas y Mercedes Chivite.

Por su parte, Arri había sido arrestado, también en Francia, el 23 de noviembre de 1995, y le había sido intervenido un disquete con explicaciones y "autocríticas" sobre esta y otras acciones.

Por último, Martínez fue detenida en Francia el 18 de noviembre de 2003. La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de 30 delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa, por cada uno de los cuales solicita 23 años de prisión, y de uno de estragos, por el que pide 11 años de cárcel.

Sin embargo, a Idoia Martínez sólo la acusa por los asesinatos porque la resolución por la que las autoridades francesas accedieron a su entrega a España "excluye de la extradición el delito de estragos".