La tensión ha crecido en los últimos días en el municipio sevillano de Villanueva del Río y Minas, gobernado por el independiente Francisco Barrera, como consecuencia del "limbo" en el que se encuentran las viviendas del poblado de El Carbonal, propiedad de la Junta de Andalucía pero habitadas por una serie de personas cuyo régimen lleva años pendiente de ser regularizado.

Hablamos del poblado de El Carbonal, constituido por más de 65.000 metros cuadrados de suelo y 85 parcelas residenciales. Las fincas formaban parte del complejo industrial levantado en 1976 en torno a la fábrica de cementos construida en Villanueva del Río y Minas, constituyéndose entonces un núcleo de población de trabajadores consolidado y estable. Sin embargo, con el abandono de la actividad industrial, los residentes fueron abandonando el poblado.

Mientras en 1986 la Junta de Andalucía habría asumido la propiedad y gestión de las parcelas al hacerse cargo de las competencias en la materia, las mismas habrían sido objeto de la auto construcción de viviendas por parte de vecinos de la zona, si bien por aquellos años el poblado habría estado marcado en buena medida por la marginalidad. Las actuaciones de las diferentes corporaciones locales, no obstante, habrían mejorado en cierta medida las condiciones de habitabilidad del barrio.

Acuerdo institucional

Hace pocos meses, el Ayuntamiento, gobernado por el independiente Francisco Barrera, y la Consejería de Fomento y Vivienda, dirigida por Elena Cortés (IU-CA), acordaron la transferencia al Consistorio de los suelos y edificaciones que conforman la zona a cambio de 420.000 euros, encargándose después la administración local de regularizar la titularidad de las viviendas con sus moradores. Aunque ambas partes pactaron un calendario de pagos formado por tres entregas, el alcalde ha dicho a Europa Press que sólo fue consumada una primera entrega de casi 160.000 euros y el Ayuntamiento carece de momento de liquidez para hacer frente a más pagos.

Es por ello que, según explica, negocia con la Consejería un acuerdo para un "pago diferido" a través del cual los moradores de las viviendas entreguen cuotas mensuales al Ayuntamiento y éste haga lo propio con la Junta de Andalucía, que tendría que reconocer por anticipado la titularidad municipal del conjunto. Es ahí el momento en el que, según Barrera, los miembros de la asamblea local de IU-CA, de la que toman parte personas "expulsadas del PP" y de la formación local Unión Minera, habrían "calentado" al resto de vecinos animándoles a "ocupar" las viviendas en cuestión a cuenta del "limbo" en el que se encuentra su propiedad, que sigue en manos de la Administración autonómica y no en las de sus moradores.

A partir de ahí ocurrió "la ocupación de una de las viviendas" cuando su moradora consolidada, una vecina de más de 80 años, era asistida por una enfermedad en el domicilio de un familiar. A cuenta de este extremo, cuando un equipo de Canal Sur entrevistaba a un familiar de esta mujer, habría sido agredido por el colectivo de personas que había ocupado esta vivienda y en las últimas horas se habrían sucedido las "amenazas" e incidentes en el mismo sentido. "Es un disparate", dice el alcalde, quien ha reclamado a la Subdelegación del Gobierno la presencia "permanente" de la Guardia Civil en el barrio.

Hay matices

El coordinador local de IU-CA, Rafael González, de su lado, ha negado a Europa Press que su fuerza "haya incendiado la convivencia" en la barriada". "No hemos alentado la violencia", asegura explicando que su mensaje es el derecho a la vivienda y éste coincide con el hecho de que "entre ocho y 15 de estas viviendas están habitadas por domingueros, personas que las tienen como segunda vivienda para los fines de semana, como el concejal Enrique Heredia, que tiene tres viviendas, una de ellas allí". "Eso sí es incendiar la convivencia", dice manifestando su respecto por las personas con pocos recursos que residen en estas viviendas.

De cualquier modo, persiste la ocupación de la vivienda antes habitada por la mencionada anciana de 80 años de edad, toda vez que sigue pendiente de ser resuelta la regularización completa de la titularidad de todas estas viviendas.