El sindicato UGT-A ha reclamado este viernes a la Junta de Andalucía que solucione la situación de "precariedad" que soportan las empresas adjudicatarias de contratos administrativos.

Con un total de 66.936 contratos públicos y empresas adjudicatarias inscritos en el registro público de contratos formalizados por la Administración de la Junta de Andalucía y las entidades que conforman el sector público andaluz, el sindicato apunta en un comunicado que "la mayor patronal andaluza" es la propia Junta, sin tener en cuenta sus empleados directos, teniendo en cuenta que el número de empresas en Andalucía es de 471.521.

El sindicato ha apuntado que "si se tiene en cuenta además que el importe de adjudicación de esos contratos fue de 2.830 millones de euros, según memoria de la Comisión Consultiva de Contratación Pública del año 2012, se ve igualmente el gran impacto de la contratación pública en una comunidad autónoma cuyo último PIB registrado fue de 138.301 millones de euros".

Considera que además en esta contratación pública "hay una importante contribución de empresas que gestionan directamente servicios públicos, como lo es el órgano de contratación que adjudicó el mayor número de contratos y comprometió el mayor gasto, el Servicio Andaluz de Salud, formalizando 46.671 contratos y comprometiendo 797 millones de euros".

Por ello, UGT-A considera que "la actual precariedad y temporalidad laboral existente en la Comunidad —el 96,36 por ciento del total de contratación del mes de agosto fueron contratos temporales—, fruto de la nefasta reforma laboral del Gobierno, podría comenzar a corregirse si la Junta desempeñara el papel al que la propia ley le obliga, como es ejercer la responsabilidad social y con ello dar ejemplo al resto de entidades y empresas andaluzas".

Para el sindicato, "si la Junta primara en la contratación a aquellas empresas que fomenten la creación de empleo estable y con derechos, la estadística de precariedad y temporalidad andaluza se vería notablemente reducida así como la conflictividad laboral en el seno de la comunidad autónoma".

Para UGT-A, "bastaría con que la Comisión Consultiva de Contratación Pública Andaluza, que tiene entre sus funciones elaborar, proponer y adoptar las normas, instrucciones y medidas generales en relación con la contratación del sector público, propusiera la incorporación genérica de este tipo de cláusulas a los contratos administrativos".

Ha recordado que, según la Estrategia Europa 2020, la contratación pública "desempeña un papel clave, como uno de los instrumentos basados en el mercado que deben utilizarse para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso más eficiente de los fondos públicos".

Por último, UGT-A también propone la creación de un Observatorio para el seguimiento del impacto en el empleo de la contratación pública socialmente responsable.

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