El PP-A ha reclamado información a la Junta de Andalucía sobre el coste que tendrá el ejercicio del derecho de retracto anunciado por el Ejecutivo autonómico respecto a los sectores urbanísticos sobre los que se levanta el hotel de Azata del Sol en el paraje del Algarrobico, en Carboneras (Almería), que se formalizará en un acto previsto para el próximo 12 de septiembre.

En una pregunta elevada por el Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía para respuesta oral en comisión, consultada por Europa Press, el diputado del PP José Cara González pide así datos sobre la previsión del coste del derecho anunciado, "incluyendo la indemnización que la Junta de Andalucía tendrá que conceder al promotor".

Asimismo, Cara González solicita a la administración andaluz que en sus estimaciones incluyan también información sobre lo que costará la demolición del hotel y la restauración del paraje sobre el que el mismo se asienta.

Sobre el derecho en cuestión, la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, ha confirmado que el Ejecutivo andaluz pedirá la ejecución de la sentencia que valida el mismo en el caso de que la promotora no acuda el próximo 12 de septiembre al acto de formalización de dicho derecho.

Serrano recordó que Azata está citada en la notaría para formalizar las escrituras, con posterior inscripción en el Registro de la Propiedad, en un acto al que también deberá acudir la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta en Almería.

Es, ha recordado la consejera, el paso que ha dado el Gobierno andaluz tras la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que validaba la licencia de obra, un fallo que la Junta respeta pero no comparte, por lo cual los servicios jurídicos estudian si cabe alguna posibilidad de recurso.

Así, ante la posibilidad de "entrar a seguir transformando el suelo, que aún no sabemos si es urbanizable o no al existir sentencias contradictorias y pendientes de recurso en el Tribunal Supremo", la Junta ha decidido formalizar el derecho de retracto.

La Junta incide en la existencia de tres fallos, uno de ellos firme, donde se establece que la administración autonómica ejerció bien el derecho de retracto, siendo aquí donde se articula el procedimiento para poder llevar a cabo la formalización. "Hasta ahora no lo hemos hecho porque queríamos que hubiera seguridad jurídica, pero ante el último fallo relativo a la licencia de obras, era necesario dar un paso más", ha apostillado.

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