María tiene 92 años y hace ya dos que no pisa la calle por culpa del propietario del piso donde vive.

Desde 1940 vive de alquiler en una casa de alto valor histórico en Alicante y paga 180 euros al mes por su vivienda.

Sin ascensor, telefonillo...

Sus nuevos propietarios le prohiben el uso del ascensor. El problema reside en que el hijo de María tendría derecho a seguir con el contrato de alquiler una vez que su madre fallezca y por eso, le exigen que renuncie por escrito a seguir en esa casa.

Tampoco le activan el telefonillo del portal ni le arreglan las múltiples goteras que tiene en su vivienda.

Los dueños del edificio lo niegan y dicen que María no tiene derecho a beneficiarse de un ascensor que ha sido financiado en su totalidad por uno de los propietarios.