La asociación Conceyu por Otra Función Pública n'Asturies considera que el proyecto de ley de transparencia impulsado por el Gobierno asturiano y que actualmente tramita la Junta General del Principado es, fundamentalmente, "una operación de maquillaje para blanquear la imagen pública de una clase política".

A través de una nota de prensa, Conceyu señala que ese concepto de 'clase política' incluye al Gobierno, pero también a la "leal oposición". Según esta organización, son percibidos por la sociedad asturiana como un "grupo de intereses" que monopoliza las instituciones públicas en su propio provecho.

En este sentido, han considerado que el proyecto de Ley no contiene ninguna medida o iniciativa real y efectiva para hacer posible una "participación ciudadana real" en los procedimientos para la toma de las decisiones públicas que afectan a su vida cotidiana.

"En materia de transparencia sigue manteniendo información oculta, como sucede con la identidad de los 98 asesores de confianza política nombrados a dedo en las Instituciones Públicas del Principado", han añadido.

A juicio de Conceyu, el "lema comercial" que parece haber inspirado al redactor de la Ley es "ver y no tocar". Han considerado que el Gobierno del Principado quiere mantener a los ciudadados como "cómodos espectadores" de la gestión pública, enseñándoles "sólo aquello que le interesa", pero sin derecho a participar en la toma de decisiones.

"Una ciudadanía pasiva y contemplativa, sin ninguna opción a intervenir en las decisiones relevantes, que se reservan en exclusiva para los profesionales de la política y sus asesores de confianza", han lamentado.

Conceyu argumenta que las decisiones políticas que afectan a aspectos básicos para la calidad de vida, como la salud pública, las grandes infraestructuras, la protección del medio ambiente o sus derechos como consumidores, o el más amplio de la configuración de los presupuestos públicos, se toman "al margen de los intereses generales".

Seguramente, añaden, uno de los síntomas más preocupante de la "partitocracia" sea el "monopolio" de las decisiones de trascendencia colectiva por parte de los "políticos profesionales", que "han ido desterrando poco a poco cualquier atisbo de participación ciudadana real y efectiva".

Por todo ello, han exigido al Gobierno asturiano y a los grupos parlamentarios la aprobación de una ley que regule la participación ciudadana en los asuntos públicos dentro de la Comunidad Autónoma, en la que se fije un marco jurídico específico para regular el derecho de las personas de forma individual o a través de organizaciones, a participar en los procedimientos de toma de decisiones administrativas.

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