Un centenar de abogados y procuradores sevillanos han denunciado ante la Comisión Europea la situación "tercermundista, lamentable y desastrosa" de los juzgados de la localidad de Utrera —que dan servicio a cerca de 100.000 personas—, una actuación que cuenta con el apoyo de sus propios colegios profesionales, de los ayuntamientos de Los Palacios y Villafranca, Utrera y El Coronil o del propio Defensor del Pueblo Andaluz.

De este modo, este colectivo de profesionales de la justicia ha denunciado ante Europa la situación existente en los cuatro juzgados con los que actualmente cuenta Utrera, los cuales sufren una "enorme carga de trabajo" y situaciones de "colapso, atrasos injustificados, déficit funcionariales, y falta de continuidad del personal", lo que determina que "no exista justicia en Utrera".

En declaraciones a Europa Press, el decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, ha vuelto a solicitar públicamente que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministerio de Justicia y la Junta de Andalucía acuerden medidas de choque de carácter extraordinario a fin de "abordar la caótica situación" de los juzgados utreranos.

El decano de los abogados sevillanos ha reclamado la puesta en marcha de estas medidas de choque para, igualmente, "poner término así a la situación de indefensión que en la práctica padecen los ciudadanos en dichos órganos judiciales, derivada del colapso que desde hace lustros padecen estos juzgados".

Al hilo de ello, Gallardo ha destacado que los jueces, secretarios y funcionarios de estos juzgados "hacen una labor encomiable y digna de reconocimiento", pero ha aseverado que "es materialmente imposible regularizar la situación en Utrera sin medidas extraordinarias y excepcionales que han de establecer conjuntamente" CGPJ, Junta y Gobierno central.

"punto negro"

En este sentido, el decano ha considerado "vergonzoso" que el Estado español "mantenga ese partido judicial como el principal punto negro de toda la justicia andaluza y que los abogados tengamos que acudir a Europa ante la pasividad que desde hace años mantienen los políticos españoles".

La denuncia elevada a la Comisión Europea fue inicialmente archivada, pero los promotores de la misma han solicitado su revisión ante "la situación lamentable y de inexistencia de justicia en Utrera, un asunto que se lleva evidenciando desde el año 2000 cuando menos", según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press.

Según este escrito, "las carencias y patentes necesidades se venían denunciando por los diferentes colectivos implicados, la propia Corporación municipal de Utrera, así como los colegios profesionales —abogados y procuradores—, Audiencia Provincial y Fiscalía de Sevilla, Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) o el propio CGPJ".

Frente a ello, según los denunciantes, "ninguno de los responsables gubernamentales, en sus dos estratos, central y autonómico, han adoptado decisión alguna frente a las carencias constatadas, ni se han dispensado soluciones aptas y suficientes para la resolución de los problemas generados, lo que hubiera concluido en un Estado serio y responsable con alguna que otra dimisión, pero parece ser que es un concepto muy ajeno a la gestión de la 'res pública' española".

"Europa, por mediación de su propuesta de archivo, vuelve la espalda a los 98.742 habitantes de derecho y a los que por pasar por este ámbito geográfico puedan necesitar de su Administración de justicia", dice el escrito. "Ya nos gustaría que alguien nos justificara a los ciudadanos justiciables y profesionales del derecho la razón de este trato discriminatorio, del desprecio por los derechos fundamentales para los moradores de Utrera, Los Palacios, El Coronil y Los Molares", pero frente a ello "recibimos silencio, archivos y miradas hacia otros sitios", agrega.

"INJUSTICIA"

A juicio de los denunciantes, el archivo propuesto "es un nuevo acto de omisión e injusticia contra los hombres y mujeres de esta tierra, contra los demandantes de justicia y de democracia de este rincón de la Europa comunitaria, y un duro revés contra el colectivo" de profesionales.

Según indica la denuncia, el TSJA "ha denunciado las necesidades de este partido judicial, al menos desde 2008, situación a la que no han sido ajenos ni el propio Ministerio Fiscal ni el Defensor del Pueblo, que ha fijado en su informe oficial de 2013 las severas y serias necesidades y los déficit democráticos que, por culpa de la inexistente Administración de justicia, colocan a Utrera, Los Palacios, El Coronil y Los Molares en la lista negra de la conflictividad judicial española".

"Las soluciones han sido propuestas por los magistrados designados para informar por la Sala de Gobierno del TSJA y obviadas por falta de recursos económicos", sostiene el escrito, que critica la "tercermundista" situación de los juzgados de Utrera.

"La carencia de democracia, que se comprueba al adolecer de un poder esencial como el judicial en este partido de Utrera, no puede ni debe ser ajena para la Comisión, pues no es baladí el abandono del Estado por las obligaciones asumidas, y la dejación de unas competencias cuya tutela le incumbe por tratarse de derechos fundamentales, tener asumidas obligaciones supranacionales y verse afectado por el derecho comunitario", concluye el escrito.