La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha reiterado este miércoles en Comisión Parlamentaria la necesidad de crear un grupo de trabajo conformado por representantes de todas las fuerzas políticas y sociales, con el objetivo de alcanzar un gran acuerdo para garantizar la sostenibilidad, el desarrollo y la financiación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a las personas en situación de Dependencia.

De este modo, la Junta de Andalucía pretende hacer frente a las últimas modificaciones que ha realizado el Gobierno central en los dos últimos años, "que están suponiendo el desmantelamiento y una derogación encubierta de la ley, a espaldas del Congreso de los Diputados, que es donde se redactó, sin el consenso de los agentes sociales, de espaldas a las Comunidades Autónomas y a la ciudadanía", ha señalado Sánchez Rubio.

Entre las últimas medidas aprobadas, se ha reducido la intensidad de los servicios, se ha eliminado la compatibilidad entre ellos, se están penalizando las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, se ha dejado fuera a personas con dependencia moderada y se ha eliminado la financiación, entre otras cosas, a golpe de decretos.

Por ello, la consejera ha desgranado en sede parlamentaria algunos de los aspectos que desde Andalucía se reclama al Gobierno central. Entre otros, se solicita el compromiso de una financiación a partes iguales de la Ley de Dependencia. En la actualidad, la Junta está financiando el sistema de atención en un 72 por ciento, mientras que el Ejecutivo de España ha reducido su aportación al 28 por ciento. "Previsiblemente, a lo largo de este año, llegaremos a financiar hasta el 80%, cuando la ley se diseñó con la vocación de que el sistema fuera financiado al 50% entre las dos administraciones", ha destacado Sánchez Rubio.

Para la titular de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, "es imprescindible, para la sostenibilidad del sistema, que el Gobierno de España participe en su financiación en los términos previstos por la ley y contribuya a preservarla, ya que ninguna comunidad autónoma podrá sostener permanentemente en solitario esta red de protección social que es tan necesaria y valorada por la ciudadanía. Confiamos en que el Gobierno acceda y se preste a dialogar para llegar a un acuerdo y encontrar soluciones".

Otro aspecto importante señalado por la consejera es favorecer la cotización de las personas cuidadoras a la Seguridad Social y recuperar el 15 por ciento que se les suprimió a partir del Real Decreto Ley de julio de 2012. Según Sánchez Rubio, "la reducción de esta prestación ha afectado a 90.000 personas en Andalucía, a pesar de que hemos conseguido reducir del 15 al 13% esa disminución, y la supresión de la cotización afecta a 55.000 andaluzas y andaluces. Y todo ello lo ha hecho el Gobierno de España mientras se sigue primando a las empresas privadas que ofrecen estos servicios, frente a los cuidados en el entorno familiar".

Desde Andalucía se quiere garantizar una gestión pública y directa de las valoraciones, el seguimiento, la inspección, la concesión de prestaciones, etcétera, así como apostar por los servicios de proximidad, generando así empleo estable y no deslocalizable.

Más de tres millones diarios de inversión

En este sentido, Sánchez Rubio ha recordado que Andalucía ha mantenido el presupuesto destinado a la financiación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (1.115 millones de euros, más de tres millones diarios), mientras que el Gobierno central ha destinado 1.200 millones de euros para todo el territorio nacional.

Andalucía sigue siendo la Comunidad Autónoma líder en la aplicación de la ley de dependencia, con el 21,6 por ciento del total nacional de personas en situación de dependencia atendidas. A 31 de julio de 2014, Andalucía cuenta con 156.581 personas beneficiarias, lo que supone que atiende casi el mismo número de personas en situación de dependencia que Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha juntas, pese a que la población de estas tres comunidades supera en casi el doble a la población andaluza.

Además, durante 2014 se han incorporado al sistema más de 6.617 nuevas personas beneficiarias, que están disfrutando de más de 9.010 prestaciones. Y este año se han realizado ya más de 44.071 valoraciones en nuestra Comunidad. Desde el inicio de la ley, se ha atendido a más de 275.000 personas en situación de dependencia y se han concedido cerca de 369.000 prestaciones.