Jubilados
Una pareja de jubilados. GTRES

El Gobierno permitirá que 1.500 trabajadores despedidos antes del 1 de abril de 2013 y que tienen suscrito un convenio especial con la Seguridad Social puedan jubilarse anticipadamente a los 61 años, solicitud que había sido rechazada en los últimos meses después de que en junio una reinterpretación de la ley de pensiones aprobada en 2013 endureciera los requisitos entonces establecidos. Tras varios meses de presión de los sindicatos, han llegado a un pacto verbal que se completará de forma inmediata —en un plazo de 24 a 48 horas— para rectificarlo. La medida de este miércoles podría llegar a beneficiar a un total de 30.000 personas de aquí a 2018.

Según ha informado el Secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, la Seguridad Social actuará de oficio y reconsiderará la posición de todas las personas a las que se les denegó o la pensión o una cuantía de la misma. Asimismo, ha asegurado que se adoptarán las decisiones para resolver con la mayor urgencia todas las solicitudes que están pendientes de resolución.

La Seguridad Social se pondrá en contacto con los afectados en los próximos días para informales del cambio de criterio. Se trata de respetar el principio de "confianza legítima", ha dicho Burgos, que ha lamentado las incertidumbres que se hubieran podido generar por un criterio interpretativo que ha resultado tener unos efectos que "no eran los que perseguía la legislación aprobada".

¿Qué se aprobó en abril de 2013?

En abril de 2013, el Gobierno aprobó la nueva reforma de las pensiones que pretendía ahorrar cerca de 4.900 millones de euros anuales. Sobre la jubilación anticipada, se establecía que los trabajadores que quisieran acogerse a ella deberían tener más años cotizados (35) y quedarían con una pensión menor, mientras que tendrían más facilidades quienes quisieran compatibilizar su prestación con un trabajo.

La edad para acceder se establecía en dos años antes de la edad legal, es decir, 63 años y un mes para 2013, que iría incrementándose de manera progresiva hasta alcanzar los 65 años en 2027. Asimismo, se desincentivaba la jubilación parcial y se traspasaba a las empresas el coste de despedir a sus trabajadores de más de 50 años.

¿Había excepciones para jubilarse a los 61 años?

Sí, en esa norma había dos colectivos que aún se podían jubilar a los 61 años, quienes tuvieran un acuerdo con la empresa y un convenio especial con la Seguridad Social, según el cual podrían seguir cotizando de su bolsillo tras ser despedidos; y los trabajadores despedidos antes de 2013 que no volvieran a estar dados de alto en ningún régimen de Seguridad Social.

¿Por qué se generó polémica en los últimos meses?

La polémica llegó el pasado mes de junio cuando desde la Seguridad Social se interpretó que no se podrían jubilar de forma anticipada aquellos suscriptores de convenios individuales que eran fruto de iniciativas personales y no de acuerdos con su empresa, siendo así "asimilados al alta".

En agosto hubo otra interpretación más dura, aplicando esta "asimilación al alta" a todos aquellos que habían suscrito un convenio especial con la Seguridad Social. Sobre todo fue tras este segundo caso cuando los sindicatos dieron la voz de alarma.

¿Cuántos afectados hay?

Según ha explicado el Secretario de Estado de Seguridad Social, hay aproximadamente 1.500 personas que han visto denegado su acceso a la jubilación anticipada pese a que tenían suscritos convenios individuales con la Seguridad Social. Con esas personas se pondrán en contacto en los próximos días para informarles del nuevo cambio de criterio y del mantenimiento de su derecho en los términos que tenían previstos.

El Gobierno estima que podría haber en torno a 30.000 afectados en cuatro años (7.000 personas cada año entre 2014 y 2018). Según explica Expansión, estos trabajadores podrán acceder a la jubilación parcial hasta el 1 de enero de 2019, en las condiciones previas a la reforma de pensiones de 2011.

¿Qué reacción han tenido los sindicatos?

En una nota, UGT y CC OO se congratulan de la celeridad que, desde la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad Social se ha anunciado que se va a dar al proceso de revisión de oficio, con la finalidad de mitigar los perjuicios causados a los 1.500 trabajadores que, en poco más de dos meses, se han visto afectados por la vigencia temporal de este criterio administrativo.

Esta corrección es coherente Los sindicatos indican que dicho criterio había sido contestado desde el primer momento por ellos, que lo han considerado "injusto" y no "ajustado a derecho". "Esta celeridad en la corrección de las situaciones generadas en este periodo es valorada además por UGT y CC OO como un comportamiento "coherente" con los compromisos que el Gobierno ha asumido en la declaración del 29 de julio pasado que deben concretarse en los próximos meses, especialmente en el caso de mayor protección para los parados de larga duración", subrayan.

Por otra parte, la secretaria de Empleo del PSOE, Mariluz Rodríguez, ha manifestado la "alegría" de los socialistas ante una medida "jurídicamente discutible y profundamente injusta", que iba contra uno de los sectores más débiles de la sociedad.