Una treintena de productores de melocotón y nectarina de Lleida, la provincia más productora de España de estas frutas, se han concentrado este miércoles en Lleida para reclamar a la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, que habilite una ayuda de Estado para paliar los efectos de la crisis de precios de estas frutas que incluyan, entre otras fórmulas, compensaciones en IRPF y Social.

Los productores, representantes de organizaciones agrarias y cooperativas, han entregado en la Subdelegación del Gobierno de Lleida el documento que recoge sus reivindicaciones al Estado y también un paquete de propuestas a la Unión Europea para que la ministra los defienda en la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura este viernes en Bruselas.

Según el responsable de Organización de Unió de Pagesos, Carles Vicente, el conseller de Agricultura, Josep Maria Pelegrí, defenderá el documento este miércoles en la sectorial de agricultura que se celebra en Madrid.

El documento plantea habilitar una ayuda de Estado que incluya créditos con intereses bonificados para afrontar los costes de explotación hasta la próxima cosecha, una adecuación de los módulos del IRPF, la refinanciación de las deudas con bonificación de intereses.

El paquete de medidas comunitarias incluye, entre otras, el reconocimiento por parte de la UE de la perturbación grave en el mercado de la fruta y la prohibición de comercializar melocotones y nectarinas con calibres inferiores a los sesenta milímetros.

Para el sindicato, estas medidas están al alcance del Ministerio y permiten que los estados europeos las puedan poner en marcha, ya que no vulneran la libre competencia.

Además, estas propuestas paliarían los efectos de la actuación tardía e ineficaz de la Comisión Europea (CE) ante la situación de crisis de precios en el sector.

UP también está estudiando la posibilidad de llevar a los tribunales a la Comisión Europea por esta actuación tardía.

Carles Vicente ha puntado que su organización junto a otras organizaciones del sector ha puesto el tema en manos de un gabinete jurídico para estudiar si hay posibilidad legal.

"Se está analizando si hay caso o no, la situación del sector no es sólo consecuencia del veto ruso sino de la omisión de la Comisión", ha afirmado.

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