Fiscalía pide la inhibición del Juzgado de Instrucción 2 en la operación 'Óscar' en favor de Alaya

La Fiscalía Provincial de Cádiz ha pedido formalmente que el Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz, que asumió las diligencias de la 'operación Óscar', que investiga un supuesto fraude en subvenciones a cursos de formación, se inhiba del caso en favor de otro juzgado que ya investiga ese supuesto fraude: el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que dirige la juez Mercedes Alaya.

La Fiscalía Provincial de Cádiz ha pedido formalmente que el Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz, que asumió las diligencias de la 'operación Óscar', que investiga un supuesto fraude en subvenciones a cursos de formación, se inhiba del caso en favor de otro juzgado que ya investiga ese supuesto fraude: el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que dirige la juez Mercedes Alaya.

Así lo precisan a Europa Press fuentes judiciales, que indican que el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz, el juez Miguel Ángel López Marchena, decidirá al respecto cuando vuelva del periodo de vacaciones del que disfruta.

Por tanto, se prevé que sea en este mes de septiembre cuando se pronuncie López Marchena al respecto. El juez dejó en libertad con cargos al exconsejero socialista de Hacienda de la Junta de Andalucía Ángel Ojeda, que fue arrestado en el marco de la citada operación 'Óscar', y le retiró el pasaporte como medida cautelar.

El exconsejero estuvo el pasado 6 de agosto en las dependencias judiciales de Cádiz durante más de cinco horas, desde poco antes de las 10,00 y hasta pasadas las 15,00 horas, tras pasar la noche en los calabozos de la Comisaría de Cádiz. Los cargos que se le imputan son los de falsedad, fraude en subvenciones y apropiación indebida.

Cabe recordar que la Fiscalía pidió la imputación de determinados cargos, ya que en el conjunto de la causa se están instruyendo delitos como falsedad, fraude en subvenciones o apropiación indebida, junto a posibles delitos cometidos por la Administración —éste último si se demuestra que ha habido subvenciones concedidas de forma irregular—.

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