Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha presentado ante la Audiencia Provincial de Zaragoza el recurso de apelación contra el auto que decretó el archivo provisional de la causa por presunta prevaricación cometida por responsables de Plaza Desarrollos Logísticos (PDL) en la nave de Caladero que se seguía en el Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza.

El coordinador de esta formación política en Aragón, Carlos Aparicio, ha explicado en una nota de prensa que el recurso consta de 16 folios en los que la abogada de UPyD, Irene Romea, desgrana los motivos por los que estiman que no se debe cerrar la investigación iniciada a instancia de la Fiscalía, con ocasión del procedimiento iniciado en su día por el Tribunal de Cuentas y relativo a dos modificados del contrato de obras "suscrito entre la hermana menor de la Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA) y la empresa constructora".

En el recurso, se reitera la necesidad de profundizar en la investigación de ambos modificados, "que supusieron un incremento en el coste total de las obras cercano al 29 por ciento, sin que hubiera consignación presupuestaria a la fecha de la firma", han sostenido desde la formación política.

Desde UPyD han añadido que "incluso uno de los contratos se firmó sin plazo de entrega y sin que se haya acreditado que lo abonado por los modificados fuera ajustado a precios de mercado".

Este partido político ha sostenido que la ciudadanía "no puede entender que se cierre un procedimiento penal de este calibre tan solo con la declaración de los imputados, sin llegar a esclarecer si los responsables de la empresa pública actuaron con rectitud y en estricto cumplimiento de la legislación vigente o si las decisiones se adoptaron de forma arbitraria o por favoritismo".

Romea ha remarcado que desde la acusación popular ejercida por UPyD han pedido diligencias probatorias que no se han aceptado y que consideran "imprescindibles" para esclarecer lo sucedido. Entre ellas, la necesidad de un Informe sobre la legalidad del procedimiento administrativo y la corrección de las decisiones adoptadas por los responsables de la sociedad pública en aquellos momentos.

Para este partido, "es de crucial importancia lograr saber si los responsables de la empresa pública bajo el gobierno PSOE-PAR adjudicaron importantes contratos por favoritismo".

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