La Audiencia Provincial de Sevilla ha ordenado a la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía que reclame a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil todas las actuaciones que "haya podido efectuar hasta la fecha" dentro del atestado relativo a IFA/IDEA, que "no nos consta concluso".

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Séptima estima parcialmente el recurso presentado por los exdirectores generales de Administración y Finanzas del IFA Pablo Millán y Juan Vela, quienes solicitaron sin éxito a la juez Mercedes Alaya la entrega en el Juzgado de "la totalidad de la documentación relativa" al atestado sobre IDEA "para conocimiento de las partes, a fin de que la actividad de instrucción se realice en sede judicial con las debidas garantías".

La Audiencia, en este sentido, considera que "no le falta razón al recurrente en un particular extremo, y es la necesidad de que estén ya en las actuaciones, unidas a las diligencias previas y a disposición y conocimiento primero de quien dirige la instrucción e inmediatamente después a las partes, unas diligencias policiales que en algunos casos han podido tardar en remitirse hasta diez meses, irregularidad ésta que no puede ser admitida".

"Esta situación, o situaciones de naturaleza similar, deben cesar de inmediato", asevera la Sala, que añade que "se puede entender perfectamente que la complejidad y extensión del caso impida a los agentes de la UCO la entrega de las actuaciones en el corto plazo que marca el artículo 295 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

"incierta" finalización del caso

No obstante, "la magistrada debe cuidar el que con regularidad se le actualicen oficialmente y por escrito los avances que puedan ir existiendo en las distintas líneas de investigación que estén abiertas, poniendo a disposición de las partes lo que se haya actuado sin esperar a ese informe final de seguimiento tras conclusión del artículo 292 de la citada Ley" al que la juez alude en el auto donde denegó la petición de los imputados, "máxime en un caso cuya finalización resulta incierta".

Por este motivo, considera que "asiste la razón al recurrente y deberán traerse a las diligencias previas cuantas actuaciones se hayan podido efectuar hasta la fecha en lo que todas las partes coinciden en denominar como atestado IFA/IDEA que no nos consta concluso —declaraciones y documentos que se hayan aportado o recabado incluidos—", todo ello "sin perjuicio de que se continúe con la investigación si así se estima y ello en aras a garantizar el derecho de defensa de los implicados".

En su recurso, los imputados también alegaron que la UCO "carece de cobertura legal y de habilitación judicial para la concreta investigación en las que puedan estar implicados" los encausados, pero la Audiencia entiende que el hecho de que la magistrada "se auxilie en este caso de la UCO en funciones de Policía Judicial en averiguación de posibles conductas delictivas y de presuntos responsables no puede ser objeto de cuestión porque existan unas diligencias judiciales abiertas, pues cobertura legal para tal auxilio existe".

Asimismo, "negar que en esta línea de investigación la Policía Judicial pueda tomar declaraciones porque al entender del apelante declaraciones solo cabe hacerlas en el Juzgado, no tiene sustento", pues "en la averiguación de los hechos que tenga encomendadas los funcionarios de Policía están habilitados para recibirlas", aunque "distinto es que se pueda en algún caso cuestionar la forma en que se lleven o hayan llevado a cabo".

Los imputados alegaron igualmente que "tampoco cuenta la UCO con autorización judicial específica que justifique la investigación que lleva en curso en relación al atestado denominado IFA/IDEA", aunque la Audiencia también rechaza este motivo del recurso porque "no estimamos que carezca la UCO de la competencia investigadora que se le niega y menos aún que deba cesar en la investigación".