Un juez eleva al TS una exposición motivada para que se impute a Imbroda, "preimputado" por varios delitos, según PPL

El portavoz del Grupo Populares en Libertad (PPL), Julio Liarte, ha señalado que el Juzgado de Instrucción número dos de Melilla, cuyo responsable es Emilio Lamo de Espinosa, ha dictado un auto en el caso sobre la contratación de abogados por parte del Gobierno local que implica al presidente Juan José Imbroda, quien estaría "preimputado" por presuntos delitos de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos y fraude.

El portavoz del Grupo Populares en Libertad (PPL), Julio Liarte, ha señalado que el Juzgado de Instrucción número dos de Melilla, cuyo responsable es Emilio Lamo de Espinosa, ha dictado un auto en el caso sobre la contratación de abogados por parte del Gobierno local que implica al presidente Juan José Imbroda, quien estaría "preimputado" por presuntos delitos de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos y fraude.

Igualmente, Liarte ha informado de que el titular del citado juzgado ha elevado al Tribunal Supremo una exposición motivada para que se impute a Imbroda por los mismos delitos relacionados con el pago de 350.000 euros a un abogado externo.

Así, el portavoz de PPL subraya que el Tribunal Supremo podrá pedir en las próximas fechas al Senado "un suplicatorio que autorice el procesamiento de Imbroda".

El propio Imbroda respondió este jueves en rueda de prensa a las declaraciones de Liarte, y avanzó que denunciará al diputado liberal para verificar si ha violado un secreto de sumario. En cualquier caso, el jefe del Ejecutivo melillense manifestó que este asunto le genera "cero preocupación".

Imbroda informó de que el caso al que se refería Liarte se remonta al año 2000, fecha en la que la Ciudad Autónoma contrató a un abogado para que colaborara en la defensa de los intereses de la institución ante 150 denuncias que fueron presentadas contra ella por el despido de unas cooperativas ilegalmente contratadas.

Pese a ello, el presidente de PPL y expresidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Ignacio Velázquez, aseguró que el auto es público, y confirmó que prueba de que Imbroda conocía que la Justicia estaba investigando el caso es que hizo comparecer en mayo al consejero de Medio Ambiente que ordenó en aquel entonces la contratación de ese abogado para que asumiera la responsabilidad.

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