La Plataforma de Afectados por las Inundaciones del Guadalquivir (Apaig) ha convocado una reunión este sábado en la capital cordobesa para estudiar posibles actuaciones a emprender para pedir las indemnizaciones que a cada afectado corresponda, tras las sentencias de la Audiencia Nacional (AN) que condenan a la Junta de Andalucía por la gestión de la extinta Agencia Andaluza del Agua en el río Guadalquivir en las riadas de diciembre del año 2010.

Según ha informado el colectivo, en el encuentro, que se celebrará a las 10,30 horas en el Hotel Averroes y que será el primero tras los fallos judiciales, estarán presentes distintos afectados de Córdoba, de la localidad cordobesa de Almodóvar del Río y de la provincia de Jaén, entre otros, además de contar con la presencia de los abogados de la plataforma.

En concreto, la Audiencia Nacional ha condenado al Gobierno regional como responsable de los siniestros provocados por las riadas de 2010 al considerar que hubo negligencia en la gestión del desembalse de los pantanos, y que entonces estaba en manos de la Agencia Andaluza del Agua.

Al respecto, la demanda la puso un grupo de agricultores, unos 28, de la capital cordobesa, que sufrieron daños en sus propiedades como consecuencia del incremento del caudal. Así, la AN ha empezado a emitir sentencias que, en la mayor parte de los casos, son condenatorias y obliga a la Junta a pagar la totalidad de los daños sufridos por las explotaciones agrarias. Las cantidades oscilan entre los 50.000 y 300.000 euros.

Desde la plataforma valoran esta sentencia de la Audiencia Nacional, "que viene a darnos la razón por la mala gestión del río Guadalquivir", al tiempo que destacan que no solamente los afectados por los destrozos de estas inundaciones, sino también el alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, "va a estudiar pedir indemnizaciones", si bien lamentan que "no haga nada por solucionar el problema de cara a un futuro".

Así, aclaran que "si en un futuro se vuelven a repetir catástrofes similares, no solo son responsables los titulares del río, que también el alcalde por no haber puesto los medios a su alcance para contribuir a la seguridad de los ciudadanos y sus bienes".

Posición de la junta

Mientras, la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, María Jesús Serrano, manifestó la semana pasada en Córdoba su respeto por las sentencias de la Audiencia Nacional, si bien apuntó que "habría que ver" si cuando la Junta recibió las competencias, "los cauces estaban limpios o no".

De este modo, la consejera comentó que "los servicios jurídicos de la Junta estudian la sentencias y una vez que se analicen, si cabe recurso se recurrirán y si no se acatarán", porque, según agregó, "las respetamos, pero no las compartimos".

Además, explicó que "las competencias y la gestión del Guadalquivir las tuvimos durante dos años", a lo que añadió que "los cauces de los ríos no se ensucian de un día para otro", motivo por el que cree que "habría que ver si cuando recibimos las competencias y la gestión los cauces estaban limpios o no".

Postura del ayuntamiento

Por su parte, el alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, subrayó que "el tiempo da la razón", después de que se están produciendo las distintas sentencias, en las que "se llega a la conclusión de que la gestión que hizo la Agencia Andaluza del Agua de sus obligaciones en el control de cuenca fueron absolutamente nefastas".

En este sentido, apuntó que "se producen sentencias recurrentes en los argumentos todas" y que "obligan a que los daños que se produjeron, que fueron cuantiosos, los tenga que asumir la Junta y tenga que indemnizar a los agricultores y las instituciones que se vieron afectadas por los daños, que se podían haber evitado, como se evitaron en las últimas lluvias importantes cuando la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir (CHG) recuperó la gestión de cuenca".

Para Nieto, es un tema "muy grave, que intuíamos por los datos que tenemos y que se denunció en el Parlamento de Andalucía", con una intervención de la actual alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, "donde se denunciaba la absoluta incompetencia de quien dirigía la Agencia Andaluza del Agua".

Entretanto, recordó que dicha riada "afectó mucho en Córdoba", pero es un tema regional que "ordenará y se llevará al debate que merece en el Parlamento", aunque puntualizó que como alcalde analizará la sentencia para que "en la parte que afecta a la ciudad y obligó al Ayuntamiento a un sobreesfuerzo enorme, estudiar qué acciones se pueden desarrollar".