La CIG ha denunciado la existencia de supuestos delitos contra la sanidad pública y falsificación de documentos públicos por parte de la empresa de ambulancias BDM, de Soutomaior (Pontevedra), dos de cuyos vehículos fueron sancionados el pasado 6 de agosto al carecer de ITV en vigor, presentar documentos falsificados y tener material médico caducado, entre otras irregularidades.

Ante ello, el representante del sindicato en Pontevedra, Xabier Aboi, ha reclamado la intervención de la Fiscalía y ha expresado su disposición a colaborar aportando pruebas.

"Estamos dispuestos a que nos denuncien en el juzgado", ha afirmado Aboi ante el historial de servicios, turnos de trabajo y expedientes relacionados con la empresa, cuya situación ha comparado con "una película de Groucho Marx".

Además, Xabier Aboi ha sostenido que BDM "trabaja casi en exclusiva" para Adeslas, de modo que ha instado a la aseguradora a aclarar "por qué miente y qué tiene que ocultar" cuando niega este extremo, que la CIG tiene corroborado a través de informes sellados por el servicio de urgencias de varios hospitales privados del ayuntamiento capitalino.

Vínculos con protección civil

Asimismo, el sindicalista ha vinculado al responsable de Protección Civil de Soutomaior, Álvaro Barreiro, con Ambulancias BDM, cuya titular es su "pareja".

De hecho, ha aseverado que el informe de la Policía Local de Pontevedra recoge que fue Barreiro quien retiró los dos ambulancias al día siguiente de su inmovilización a pesar de que "hace nueve meses que no trabaja", ha añadido.

De la misma forma, ha desvelado que vehículos de BDM fueron utilizados para "trasladar muebles" a una cafetería propiedad de Álvaro Barreiro en Ponte Caldelas, unos hechos por los que ya existen "denuncias".

"ESCLAVISMO"

Desde el punto de vista laboral, Aboi ha calificado de "esclavismo" la relación entre los trabajadores y la empresa, con jornadas de 12 horas de lunes a viernes y un "turno especial" de 72 horas cada tres semanas.

"Si hay un accidente, ¿de quién es la responsabilidad?", ha cuestionado, al tiempo que ha subrayado que "el descanso entre jornadas se lo pasaban por el arco del triunfo" en la empresa.

"ni una medicina legal"

Dicho esto, ha criticado que, pese a prestar un "servicio público", no se somete a revisiones a las ambulancias de BDM, una falta de control de la que ha responsabilizado a la Consellería de Sanidade.

También se ha quejado de que, entre las medicinas revisadas por la Policía Local de Pontevedra a las dos ambulancias inmovilizadas "no había ni una legal".

Inspección de trabajo

A renglón seguido, Aboi ha preguntado "por qué la Inspección de Trabajo no sanciona ni persigue" esta situación pese a la existencia de una denuncia de mayo de 2014 que pone de manifiesto "todo lo que está pasando" y para la que "no hay contestación" por parte de este organismo.

Y es que, para el sindicalista pontevedrés, "si un funcionario público ve una irregularidad, la tiene que denunciar".

En este punto, ha acusado a la administración de "amparar" a esta empresa. Para ello, ha recordado que Tráfico multó a BDM con 3.000 euros en julio de 2012 por realizar transporte sanitario sin "la pertinente autorización", pero el Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó en abril de 2013 una reducción de su sanción a la mitad, 1.500 euros.

"La Administración ya sabía lo que pasaba", ha reiterado el representante sindical, "y si se permite es porque hay complicidades", ha insistido.

"servicios gratis" al pp

Además, la CIG ha extendido sus acusaciones al ámbito del PP, al asegurar que BDM estaría "tapando" que le "prestaba servicios gratis" al PP con motivo de una convención política en Soutomaior. "Le salía más barato a los ayuntamientos contratar con una empresa delincuente en vez de con empresas serias y homologadas", ha explicado Xabier Aboi.

"Es como para que haya condenas y metan a gente en la cárcel", ha protestado, comparando esta situación con la de sindicalistas de la CIG en Vigo y de CC.OO. en Pontevedra condenados a penas de prisión por protestas laborales.

Ayuntamientos del pp

Por todo ello, la CIG ha instado a los ayuntamientos que tienen alguna relación contractual con Ambulancias BDM a "cortar de raíz" y "romper relaciones" con esta empresa.

Concretamente, se trata de 16 municipios que "por casualidad, son todos del PP", ha ironizado Xabier Aboi. Entre ellos, Soutomaior, O Porriño, Moaña, Cotobade, Marín, Nigrán, O Rosal y Forcarei. "Los alcaldes y concejales tienen la obligación de ver a quién contratan", ha recalcado Aboi.

Igualmente, ha alertado sobre las condiciones en las que Ambulancias BDM ha estado realizando servicios privados de cobertura asistencial con motivo de eventos deportivos, como partidos de fútbol en el estadio de Balaídos y una prueba BTT en Salvaterra.

"que ande legal"

Por último, ha dejado claro que su intención "no es que desaparezca la empresa, sino que ande legal".

Para ello, el sindicato baraja la posibilidad de presentar una denuncia por estas irregularidades, si bien Xabier Aboi ha precisado que está "cansado de ser el Robin Hood de este tema" y de que sus denuncias sean archivadas con los gastos que supone su tramitación.

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